Un proceso de desalojo adelantado por la Policía en el sector de Alto Neblinas, zona rural del municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, terminó en una batalla campal entre decenas de indígenas y los uniformados.
Según las primeras informaciones, desde hace más de doce horas se registran protestas en el campo petrolero de caño sur por parte de la comunidad indígena barrulia, que han exigido que se les regrese esas tierras argumentando que se trata de un territorio ancestral, por lo que desde la Alcaldía de Puerto Gaitán se señaló que se enviaría un escuadrón de la Unidad de Diálogo y Acompañamiento de la Policía (Undmo) para disipar las manifestaciones.
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“Se procedió a conversaciones, se les hizo saber de las implicaciones, hubo seguimiento de un debido proceso para no vulnerar derechos fundamentales y constitucionales, y los huelguistas no quisieron levantar los bloqueos”, señaló el alcalde César Luis Pérez.
Sin embargo, cuando los uniformados del orden intentaron mover a los indígenas del sitio, estos reaccionaron de forma violenta con palos y hasta flechas para evitar el paso del escuadrón antidisturbios. Así quedó reportado en varios videos aficionados de la comunidad ancestral, que exigieron respeto por su territorio y costumbres.
De hecho, desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Cnti) se hizo la denuncia a entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, por posibles violaciones. Según la comisión, desde la Alcaldía se planeó el desalojo sin tener en cuenta planes de contingencia para atender a la comunidad que allí reside.
“Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, tenemos conocimiento que la Alcaldía de Puerto Gaitán junto con la Inspección Segunda de Policía de dicho municipio, adelanta en este momento actuaciones de materialización de fallo policivo de perturbación a la propiedad del predio Villa Esperanza, a través de un plan de contingencia elaborado por la Alcaldía. Sin embargo, en el documento no se evidencian medidas, ni acciones orientadas a la protección de los derechos a la seguridad y la vida de la comunidad indígena de barrulia, que se encuentran ubicados en el predio Villa Esperanza”, señalaron en un comunicado.
Asimismo, criticaron el actuar de las autoridades para desalojar a la población de esa zona, responsabilizando a la fuerza pública de Puerto Gaitán por posibles actividades que pongan en riesgo la vida y la salud de esa comunidad indígena.
“Rechazamos las acciones violentas en contra de la comunidad que desconocen y violan sus derechos humanos, así como el carácter de pueblo indígena en riesgo de extinción física y cultural y su especial protección reforzada constitucionalmente. De manera que, hacemos responsables a la fuerza pública y a la alcaldía municipal de cualquier acción que ponga en riesgo sus derechos”, advirtió la comisión.
Y es que el pleito ya completa varios meses, después de que se declararan ciertas irregularidades en la compra de los terrenos, que terminó en una orden de desalojo decretada desde el mes de abril. Sin embargo, una petición de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hizo que la administración distrital desistiera de su intención de desalojo que afecta a 454 indígenas de la etnia sikuani.
Incluso, el director nacional de la ANT, Felipe Harman, pidió que se hiciera revisión técnica y jurídica del caso, indicando la importancia de esclarecer la propiedad de los títulos y la naturaleza ancestral o no del territorio en disputa.
Harman enfatizó: “Tenemos que revisar de forma detallada esos títulos, esclarecer también de quiénes son, por qué están ocupados, bajo qué consideraciones, si es territorio ancestral o no y, antes que nada, evitar que se atropelle a la comunidad indígena que es sujeto de especial protección según la Corte Constitucional”.
Pero en ese momento la fuerza pública habría seguido con el proceso de desalojo, que terminó con la destrucción de parte del resguardo, usando volquetas y maquinaria pesada como denunciaron algunos líderes de la comunidad.
Braulio Martínez, líder sikuani, informó que como consecuencia del desalojo, niños indígenas se encuentran durmiendo a la intemperie y calificó la situación como una “amenaza psicológica por parte del inspector de Policía de Puerto Gaitán”.
Martínez también señaló que la orden de desalojo estaba siendo ejecutada por las autoridades y personas encapuchadas supuestamente al servicio de multinacionales petroleras presentes en el territorio. Desde entonces, en esa zona se han presentado protestas que han afectado gravemente al sector petrolero y económico del municipio y el departamento.