En medio de una crisis de seguridad pública, con líderes sociales y directores de cárceles amenazados, además del asesinato del director de la cárcel La Modelo De Bogotá, Elmer Fernández, la Unidad Nacional de Protección (UNP) vuelve a estar en el centro de la controversia.
Y es que según reveló una investigación de El Colombiano, esta unidad adjudicó un contrato millonario para adquirir 54 camionetas blindadas destinadas a la protección de personas en riesgo. De hecho, la adjudicación fue realizada el 16 de agosto de 2023, por un valor total de más de 23.000 millones de pesos (23.685.966.000).
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Según se conoció, cada camioneta tuvo un coste individual de casi 439 millones de pesos, para garantizar la seguridad de los protegidos. Sin embargo, se ha descubierto que al menos nueve de estas camionetas no tienen póliza de seguro todo riesgo, lo que ha llevado a que estén inactivas desde principios de año.
“Adquirir vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de prevención y protección de la unidad nacional de protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas”, se lee en el contrato firmado por la unidad.
La falta del seguro habría ocasionado que estas camionetas permanezcan estacionadas en las instalaciones de la UNP sin una asignación específica. Según declaraciones de funcionarios de la UNP, las baterías de algunos vehículos ya presentaron fallas por la falta de uso, y el concesionario recomendó encenderlas semanalmente debido a su poco uso.
“Pero nos dijeron que era por el poco uso, que teníamos que moverlas porque estaban quietas y que con prenderlas una vez a la semana era suficiente. Y efectivamente”, señaló uno de los funcionarios del concesionario que revisó los vehículos oficiales.
Además, la investigación del medio nacional también reveló que, del total de camionetas adquiridas, 11 de estas también estarían estacionadas debido a que la UNP no las habría asignado a ningún esquema de seguridad, aunque estas sí cuentan con la póliza de protección.
Y las 28 camionetas restantes del contrato están distribuidas en diferentes ciudades, sirviendo como refuerzo a los esquemas de seguridad de la Presidencia en las regiones, como habría quedado comprobado en imágenes obtenidas por El Colombiano.
Según se conoció, la empresa que ganó el contrato fue “Unión Temporal Blindados UNP 2023-Toyonorte-Armor”. Esta compañía estaría vinculada a investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Procuraduría.
De hecho, la fiscal Angélica Monsalve expuso en 2022 un presunto carrusel de contratación multimillonario para la compra, alquiler y mantenimiento de carros blindados para entidades gubernamentales en las que resultó salpicada la unión temporal. Sin embargo, los directivos de Toyonorte-Armor alegan que dichas investigaciones no han avanzado y que no han sido imputados, además de argumentar que es común tener pocos proponentes en licitaciones de este sector.
Por otro lado, las amenazas a funcionarios, líderes sociales y defensores de derechos humanos continúan. Un caso reciente es el de la directora interina de la Cárcel La Modelo, mayor Nancy del Socorro Pérez, quien recibió amenazas de muerte mediante panfletos.
Según la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, Pérez no contaba con un esquema de protección adecuado ni con un carro blindado. Pedraza cuestionó en redes sociales: “¿Cuántas directoras de cárceles tienen que matar para que @MinjusticiaCo se tome esto en serio?”. En efecto, Pérez se movilizaba en un vehículo convencional al igual que su antecesor, coronel Élmer Fernández Velasco, asesinado en mayo.
En respuesta a estos cuestionamientos, la UNP dirigió un comunicado al medio explicando las decisiones tomadas sobre las camionetas sin póliza. “Se adelantó el proceso de contratación de una póliza de tipo colectivo […] Además, la UNP cuenta con la cobertura de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales”, detallaron desde la entidad.
Sin embargo, expertos independientes señalaron que esta póliza colectiva no otorga la cobertura necesaria para movilizar los vehículos fuera de sus instalaciones, motivo por el cual siguen estacionadas sin uso desde principios de año.
La UNP también explicó que estos vehículos están disponibles para atender servicios de apoyo y refuerzos en zonas del país donde resulte insuficiente la disponibilidad. Además, señaló que los vehículos adquiridos son los primeros de su tipo para protección, aunque la implementación de estas medidas fue tardía en el caso del coronel asesinado Élmer Fernández y de la mayor Nancy Pérez, quien solo fue protegida tras recibir amenazas.
“A pesar de que hasta el día 5 de junio recibimos respuesta por parte del Inpec de no poseer los recursos para la suscripción del respectivo convenio, solicitud que había sido elevada desde 22 de mayo con reiteración el mismo 5 de junio, simultáneamente se realizó la implementación de las medidas de protección”, señaló la UNP en su respuesta frente a las amenazas de la directora.
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