El presidente dice que no, pero en su bancada sigue viva la idea de una Asamblea Nacional Constituyente

La última semana de mayo fue una de las más activas políticamente, después de que varios afines al presidente Gustavo Petro planearan ideas para extender el periodo del primer mandatario después del 7 de agosto de 2026.

Sin embargo, el Gobierno nacional ha ganado amores y odios en la población y en el Congreso, donde varias propuestas de reforma de Petro siguen estancadas, lo que le ha imposibilitado continuar con su hoja de ruta para convertir el país, según él, en un territorio más equitativo con los colombianos.

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Y es que la idea de una Asamblea Nacional Constituyente dio espacio a todo tipo de opiniones, lo que generó una tormenta política. Aunque Petro ha negado en varias ocasiones cualquier intención de reelección o extensión de mandato, el tema ha rondado en los círculos cercanos.

Por ejemplo, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, aseguró que no es el mandatario el que quiere continuar en el poder, sino el pueblo que lo apoya. En una declaración similar, el representante David Racero sugirió la idea de extender el periodo de Petro por al menos dos años. Estas declaraciones recordaron el clima político de 2005, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe buscó extender su mandato.

El pasado 27 de mayo, en uno de los encuentros del comité político en la Casa de Nariño, se discutieron las implicaciones políticas de convocar a una Asamblea Constituyente, según un informe revelado por El Espectador. Aunque no se habló de reelección ni de extensión del mandato, el ruido político fue evidente.

De hecho, el presidente se reunió posteriormente con el excanciller Álvaro Leyva, quien propuso la idea de denunciar al Estado colombiano por el incumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 con las extintas Farc ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un movimiento que se ha sido visto como una excusa para hablar de procesos constituyentes.

Sin embargo, a pesar de los encuentros, las fichas más fieles del presidente han salido a negar cualquier posibilidad de una Constituyente o de que quiera atornillarse en el poder. El canciller Luis Gilberto Murillo enfatizó que el primer mandatario no ha hablado de renegociar el acuerdo de paz, aunque admitió que sería necesario reabrir la negociación con las extintas Farc para dar un paso así.

Asimismo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió que un gobierno que busque extender su propio mandato es antidemocrático. Aunque no ha visto al presidente Petro en esa ruta, sí pidió a los sectores políticos “descriminalizar el ejercicio político” para permitir debates profundos sin interferencias como las de una constituyente o posibles casos de corrupción, a propósito del escándalo en el que todavía sigue envuelto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), presuntamente, para favorecer las reformas de Petro.

De manera similar, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, recordó que no hay otro camino para una constituyente que no sea el establecido por la Constitución de 1991. Pero las salidas de varios miembros de sus partidos reavivó el debate entre exmandatarios nacionales como Juan Manuel Santos, nobel de paz y artífice del acuerdo de 2016, que fue contundente a afirmar que “una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución”. Sus declaraciones fueron respaldadas por otros exmandatarios como Álvaro Uribe, César Gaviria, Iván Duque y Ernesto Samper, que coinciden en que no es el camino adecuado.

Y la pugna política ha aumentado la confrontación discursiva durante la administración de Petro, más aún con un Congreso cada vez más adverso que culmina sus sesiones el próximo 20 de junio. La narrativa de cambios urgentes y extraordinarios continúa, impulsada por un entorno político y social que busca mantener el poder más allá del 2026.

De hecho, el 7 de agosto se tendría pensada otra marcha pro-Gobierno, coincidiendo con los dos años de Petro en el poder. Este evento sería utilizado como un medio para presionar en el Congreso su proyecto progresista.

Además, el contexto electoral anticipado que desató la reciente postura del Gobierno también tiene al progresismo, la oposición y sectores independientes discutiendo sobre quién asumirá el poder a partir del 7 de agosto de 2026. El representante David Racero expresó su inquietud por la duración del mandato, afirmando que cuatro años son insuficientes para implementar un proyecto político, lo que despertó el debate en Colombia.

Según información entregada por El Espectador, Petro y su equipo son conscientes de que su discurso gana fuerza en un clima de agitación política, por lo que seguirán utilizando eventos y escenarios para promover su agenda como la asamblea nacional del Pacto Histórico, que se reforzará con otros sectores de izquierda y cerrará sus deliberaciones el próximo 20 de julio. Ese día, Colombia conmemora su independencia, y Petro instalará el tercer año legislativo del actual Congreso, aprovechando para ganar apoyo popular y presionar por sus reformas.