La situación de la ley estatutaria de educación del Gobierno nacional enfrenta un laberinto legislativo complejo. Este proyecto busca establecer la educación como un derecho fundamental, pero su avance se ha visto frenado en la Comisión Primera del Senado de la República, donde no ha podido iniciar su tercer debate.
La discusión dentro de esta comisión se esperaba para la tercera semana de mayo; sin embargo, el martes 21 de mayo, cuando debían presentarse las ponencias – son tres en total –, la sesión fue aplazada debido a una decisión mayoritaria. Esto se basó en las dudas sobre el impacto fiscal de la iniciativa. Además, la sesión del jueves 23 de mayo no pudo llevarse a cabo por falta de cuórum.
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Una semana de inactividad en este proyecto representa un riesgo elevado para su existencia. Si no supera sus dos debates en el Senado antes del 20 de junio y no logra conciliarse con el texto aprobado en la Cámara de Representantes, el proyecto podría hundirse por falta de trámite.
Uno de los principales obstáculos señalados por los miembros de la Comisión Primera del Senado es la ausencia de un aval fiscal que permita avanzar con el proyecto. Desde el Ministerio de Hacienda se reconoció que no se tiene claridad sobre el impacto fiscal de la propuesta, la cual ya pasó dos debates en la Cámara de Representantes.
“Esta cartera no cuenta a priori con información que permita establecer el posible impacto fiscal de dar cumplimiento a un plan con las características propuestas,” se detalla en un documento firmado por el viceministro general Diego Guevara.
Para el senador David Luna, de Cambio Radical, que presentó una ponencia alternativa, la falta de aval fiscal es un golpe significativo para el proyecto. “Golpe blando el que le acaba de dar el Ministro de Hacienda a su colega, la Ministra de Educación: radica hoy un concepto que indica que su proyecto de Ley Estatutaria de Reforma a la Educación ‘no cuenta a priori con información que permita establecer el impacto fiscal. Al no trabajar en equipo, el Gobierno Petro deja el proyecto herido de muerte”, aseguró Luna.
Este vacío en el aval fiscal, incluso si el proyecto fuera aprobado, podría llevar a la Corte Constitucional a rechazar la norma. Al tratarse de una ley estatutaria, debe pasar primero por la revisión del alto tribunal antes de ir a sanción presidencial. Cabe recordar que esa corte, recientemente, invalidó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad por no contar con el aval fiscal durante su discusión.
Desde las filas del Gobierno, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, que es la ponente del texto apoyado por el Gobierno nacional, acusó a los opositores de estrategia dilatoria.
“Veo que se mantiene la estrategia de dilatar. Se dice que se tiene toda la intención de debatir, pero el debate es en los medios y en las redes. El debate no aquí, donde corresponde, que es en esta comisión” comentó Pizarro. También señaló que, aunque había cuórum deliberativo, varios parlamentarios, entre ellos Paloma Valencia, no se quedaron en el recinto para la discusión.
Paloma Valencia, por su parte, explicó en redes sociales: “No hay quorum decisorio para debatir la ley estatutaria de educación. Presenté una ponencia alternativa con el objetivo de modificar aspectos fundamentales necesarios para mejorar la calidad de la educación en Colombia.”
El presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse sobre el riesgo de archivo del proyecto y responsabilizó al uribismo por obstaculizar la discusión. “¿Cómo posibilitar un acuerdo político nacional si hasta el uribismo sabotea la aprobación de la ley estatutaria de la educación?”, escribió en la red social X (antes Twitter).
El martes 28 de mayo fue fijado como la nueva fecha para retomar el debate. Inicia así una carrera contrarreloj para evitar que el proyecto se hunda por falta de trámites.