Denuncian que congresistas del Pacto Histórico buscaron eliminar sanciones a la violación de topes electorales

La presunta violación a los topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro sigue dando de qué hablar. De acuerdo con una ponencia radicada por magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), los recursos que habrían entrado a las cuentas de la campaña Petro Presidente se habrían excedido en $5.355 millones.

A esta controversia se suma una denuncia hecha por el activista y columnista David Ghitis, en la que asegura que varios congresistas del Pacto Histórico presentaron un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 109 de la Constitución Política, presuntamente, con el objetivo de favorecer la campaña de Petro.

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La iniciativa, presentada el 11 de agosto de 2022, buscaba, entre otros cambios, eliminar las sanciones por violación de topes de financiación electoral en campañas políticas, acción que Guitis criticó duramente y que llama la atención pues fue propuesto justo después de posesionarse el Congreso.

“Recién posesionados en el Congreso, un grupo de congresistas de partidos de la coalición Pacto Histórico, radicaron un proyecto de acto legislativo que eliminaba del artículo 109 de la Constitución, las sanciones por violación de topes”, afirmó el columnista. Según Guitis, los congresistas ya sabían que la campaña presidencial de Gustavo Petro había excedido los límites de financiación y por eso, trataron de eliminar las sanciones correspondientes.

Entre los autores del controversial proyecto se destacan: Roy Barreras, actualmente embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el representante Alirio Uribe Muñoz, y los senadores María José Pizarro, César Augusto Pachón, Gloria Inés Flórez, Sandra Yaneth Jaimes, Martha Isabel Peralta, Isabel Cristina Zuleta, Clara López, Yuli Esmeralda Hernández, Pedro Hernando Flórez, Alex Javier Flórez y Jahel Quiroga.

El contenido del artículo 3 de la mencionada propuesta de ley modificaba el artículo 109 de la Constitución, parte que actualmente establece: “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”. Con el proyecto que se había propuesto, este apartado desaparecería, abarcando solamente el financiamiento estatal de los partidos y campañas políticas.

Según el texto del proyecto, su objetivo era ajustar la normativa de financiación estatal de las campañas políticas, establecer la regla general de listas cerradas y los principios de democracia interna de los partidos. Sin embargo, lo que llamó la atención de Guitis fue la eliminación de las sanciones por violaciones de topes de financiación, una medida que consideró destinada a proteger a quienes incumplieron las reglas de financiación en la campaña presidencial.

“Ya ellos sabían que la campaña presidencial había violado los topes de financiación y buscaban eliminar la sanción”, señaló explícitamente en una publicación de X (antes Twitter).

El recorrido del proyecto incluyó discusiones en comisiones y plenarias de Senado y Cámara. Sin embargo, tras varios debates y controversias, fue retirado en la etapa de conciliación el 22 de marzo de 2023.

La iniciativa, que también abordaba la asignación del presupuesto general de la nación para financiar partidos, movimientos políticos y campañas, fue percibida por Guitis como un intento asegurar financiación sin rendición de cuentas: “La violación de los topes máximos de financiación de las campañas debe ser sancionada con la pérdida de investidura o del cargo”, insistió Guitis en su denuncia.

Por todo lo anterior, el activista pidió mayor transparencia y responsabilidad por parte de los legisladores, argumentando que cualquier cambio a la normativa electoral debe reforzar, y no debilitar, los mecanismos de control electoral, pues aunque la propuesta fue desestimada, plantea un cuestionamiento sobre las futuras intenciones de regulación electoral y la necesidad de mantener estos mecanismos vigilados por entes de control, los medios de comunicación y la misma sociedad civil.