El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la formulación de cargos contra la campaña del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, por acusaciones de presunta financiación irregular durante 2022.
Según un documento detallado de 314 páginas, resultado de varios meses de investigación que incluye audiencias, análisis de registros contables y certificados, las evidencias sugieren una posible violación de los topes de campaña establecidos por la legislación colombiana.
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Esta investigación se encuentra ahora a la espera de una decisión por parte de los magistrados del CNE, que podría trasladarse a la etapa de presentación de pruebas y argumentos de conclusión.
Al respecto, desde Cartagena, Bolívar, en el evento Gobierno con los Barrios Populares, el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, criticó abiertamente esta medida del CNE, calificándola de “decisión política”.
Bolívar comparó la situación actual con casos anteriores de financiación de campañas como, por ejemplo, el polémico caso conocido como la Ñeñepolítica o el caso Odebrecht, que, según sus palabras, se cerraron sin mayores consecuencias.
“Nosotros vemos aquí una decisión política porque cuando estuvo la Ñeñepolítica se cerró el caso; cuando Odebrecht financió campañas se cerró el caso”, comentó Bolívar.
Además, el director del DPS destacó la ironía de abrir una investigación por un aporte proveniente de los maestros de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), señalando una aparente falta de consistencia: “Ahora, por un aporte de los maestros de Fecode sí abren una investigación. No hay una objetividad, no se mide con el mismo racero todas las campañas, ya la justicia determinará si hubo o no un sobrepaso de los topes”.
“Triste, se esperaba eso”, con estas palabras Bolívar expresó su descontento y resignación frente a lo que considera una acción motivada por intereses específicos, más allá de la búsqueda de justicia y equidad en el proceso democrático.
La investigación del CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó formalmente un pliego de cargos contra Gustavo Petro, pues según los magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del Partido Liberal, la campaña de Petro habría excedido los topes de financiación permitidos en más de $5.355 millones de pesos colombianos.
De acuerdo con la información que se conoció sobre el resultado de la investigación, más de $3.709 millones superaron los topes en la primera vuelta y alrededor de $1.646 millones en la segunda vuelta electoral.
Los togados detallaron que entre los aportes no reportados se encuentran $500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), así como un significativo aporte de la red de criptomonedas Daily Cop, específicamente más de 2.000 millones de pesos, esto, según testimonio del empresario Omar Hernández.
Además, se mencionó un aporte de $500 millones de pesos por parte del Polo Democrático, el cual, no habría sido declarado.
Otros elementos no incluidos en la declaración serían el pago a aproximadamente 36.000 testigos electorales, con un valor cercano a $931 millones de pesos, y gastos de propaganda electoral por $356 millones.
La investigación también reveló inconsistencias en la relación de gastos, como el servicio de transporte aéreo que no consta en la plataforma Cuentas Claras y que fue por un valor de $1.249 millones de pesos en la primera vuelta y $962 millones en la segunda vuelta, cifras que se acercan al monto aportado por Daily Cop.
A estos se suman $500 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera (USO) y $202 millones provenientes de la coalición del Pacto Histórico desde la campaña al Congreso.
Un detalle que llamó la atención fue la omisión del costo de alquiler del Movistar Arena para la celebración del triunfo el 19 de junio de 2022, que ascendió a 100 millones de pesos.
Adicionalmente, los magistrados propusieron formular cargos a Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, junto con María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, quienes fungieron como auditores de las finanzas de la campaña.