En la mañana del martes 7 de mayo de 2024, la Comisión Primera del Senado estudió el proyecto de ley 156 de 2023 con el que se busca determinar el funcionamiento y las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Entre las intervenciones estuvo la de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que se refirió al despojo de tierra que se ha registrado históricamente en el país y que fue detonante de muertes y asesinatos.
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En medio de la discusión, la senadora comenzó por asegurar que la ley agraria en el país no ha solucionado ninguno de los problemas que enfrentan los campesinos que fueron despojados de sus propiedades.
“Si ustedes estaban tan interesados en que hubiera justicia agraria, la ley de restitución ha sido un desastre y nadie se ha compadecido de esos campesinos paupérrimos”, comentó la senadora.
María Fernanda Cabal también explicó que el despojo de tierras no empezó con los paramilitares, pues desde la década de los 50 la guerrilla comenzó a desplazar a propietarios del campo e, incluso, los comandantes de dichos grupos subversivos no devolvieron tierras.
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“Es que de los años 50 la guerrilla viene despojando gente, antes de su fundación en el Tolima, aquí no entregó tierras alias El Paisa, que era el ‘rey en la Macarena’. Aquí no entregó tierras el Mono Jojoy, a pesar de que en su computador aparecían todas las finquitas con nombres de cada campesino y cédula despojada”, agregó Cabal.
Pero, para la senadora, la Fiscalía General de la Nación no devolvió terrenos a pesar de que tenía conocimiento de lo sucedido, lo que llevó a que el deseo por recuperar o cooptar más tierras agudizara la guerra en el país.
“¿Qué hizo la Fiscalía?, nada, ¿qué hicieron con esa información?, han debido entregarla, por lo menos, para devolverle a esas víctimas campesinas. Que después vino el proceso paramilitar, claro... causa y efecto, acá no se puede eximir la violencia guerrillera, no justificar la paramilitar”, aseguró la senadora.
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En cuanto a los bancos de tierras, Cabal aseguró que en dichos establecimientos públicos hay casos de gente que compró sus tierras de buena fe, pero por hechos aislados terminaron perdiendo sus propiedades.
“En ese banco de tierras hay un poco de finquitas de gente buena a las que los magistrados de restitución, como no se pudieron defender porque no tienen cómo adivinar qué pasó 30 años atrás, porque es el sexto comprador. O siendo el primer comprador le toca ir a buscar al que le vendió que se murió y es el heredero que ya no tenía derecho a estar reclamando, no tiene como, pues le quitan su finquita y la mandan al banco de tierras”, explicó la senadora.
Al respecto, la congresista del partido Centro Democrático explicó que ha tenido conocimiento de sentencias de la Corte Constitucional en las que una persona invasora se vio beneficiada de un título de propiedad que nunca pagó al banco y aun así se lo devolvieron, porque el “hijo activista” lo reclamó.
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“¿Sabe qué me he encontrado yo en este Estado colombiano?, sentencias de la Corte Constitucional donde devuelven un predio que había sido rematado por el Banco Agrario, antigua Caja Agraria, de una invasora beneficiaria de un título que nunca pagó el crédito y se lo quitaron, como nos quitan todos los bancos cuando no pagamos. Se la devolvieron, pues su hijo activista reclamó y dejaron a un propietario de buena fe que compró en un remate judicial de un banco sin tierra”, agregó.
Por lo tanto, para la senadora, una jurisdicción agraria sobraría dado que en Colombia existen mecanismos legales que se pueden fortalecer y así generar garantías para que tanto las víctimas como los nuevos propietarios tengan la posibilidad de mantener sus propiedades.
“Me cuesta creer que hay cosas que se pudieran resolver concertadamente en vez de crear estas estructuras que terminan siendo disfuncionales y peligrosas para la propiedad privada y para los derechos y garantías que sobre esa propiedad tiene un ciudadano”, concluyó María Fernanda Cabal.
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