Empresas que contraten jóvenes y personas en situación de discapacidad recibirán dinero del Gobierno Petro

En un esfuerzo por impulsar la inclusión laboral y mitigar las tasas de desempleo entre colectivos vulnerables, el Ministerio de Trabajo lanzó un innovador programa que provee incentivos financieros a las empresas que contraten jóvenes, mujeres, y personas con discapacidad.

Según el decreto 533 de 2024, firmado el 29 de abril, se ofrecerán ayudas económicas, que buscan favorecer la integración de estos grupos al mercado laboral, prometiendo un cambio en el panorama de empleo actual.

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Este programa no solo atiende a la contratación de personas con discapacidad, a quienes se les reconocerá el 35% del salario mínimo vigente, sino también al impulso de empleo juvenil, beneficiando a los jóvenes de entre 18 y 28 años con un 30% del salario mínimo.

Además, en un claro gesto hacia la equidad de género, este plan contempla un 20% del salario mínimo por cada mujer contratada y un 15% por la contratación de hombres mayores de 28 años.

“Esta ayuda se incrementará un 10% si el trabajador vinculado lleva cuatro meses en desempleo”, manifestó el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, subrayando la importancia de esta medida en la lucha contra el desempleo prolongado.

De hecho, en su cuenta de X el Ministerio de Trabajo publicó: “Se reglamenta el programa ‘Empleos para la vida’. Incentivos para la Creación y Permanencia de Nuevos Empleos Formales. Se busca eliminar barreras de acceso para poblaciones específicas y promover el empleo como fue mandatado en el Plan Nacional de Desarrollo”

Los recursos destinados a financiar estos incentivos provendrán directamente de la partida estimada del Presupuesto General de la Nación, asegurando así la viabilidad y sostenibilidad del programa. Las empresas interesadas en acogerse a estos beneficios deberán demostrar su condición de empleadores mediante el formato PILA y haber cotizado el mes completo al Sistema de Seguridad Social Integral.

Con esto, se busca garantizar que el apoyo llegue realmente a aquellos que contribuyen al sistema de protección social del país.

El proceso de postulación para estas ayudas quedará abierto desde junio y se extenderá hasta agosto de 2025, otorgando así un amplio margen para que las empresas se acojan al programa. Para calificar para el aporte, los empleadores tendrán que mantener al trabajador bajo contrato por un mínimo de seis meses, promoviendo relaciones laborales estables y duraderas. Esta condición resalta el compromiso del programa no solo con la creación de empleo, sino también con la calidad y estabilidad de las oportunidades laborales ofrecidas.

Con la implementación de este decreto, se espera impulsar la vinculación laboral de un total de 811.685 nuevos trabajadores, una cifra que refleja la ambición del Ministerio de Trabajo por transformar el mercado laboral y ofrecer oportunidades reales a colectivos históricamente marginados.

Los beneficiarios de este programa, que incluyen personas naturales, jurídicas, uniones temporales y entidades con patrimonios autónomos, serán seleccionados bajo criterios de demostración de calidad de empleador, asegurando que el impacto del programa sea tanto amplio como profundo.

Este programa quiere mostrarse como un paso adelante en la promoción de la inclusión y la diversidad en el ambiente laboral colombiano, ofreciendo una oportunidad única para que las empresas contribuyan activamente al bienestar social, mientras se benefician de incentivos económicos significativos.

Según el viceministro Jaramillo, estos incentivos no solo buscan fomentar la contratación de poblaciones vulnerables, ya que su objetivo también es premiar la lealtad de las empresas al sistema de seguridad social, creando un círculo virtuoso de empleo y protección social.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Gustavo Petro busca reafirma su compromiso con la creación de un mercado laboral más inclusivo y equitativo, donde las oportunidades de empleo estén al alcance de todos, independientemente de su edad, género o capacidad física.

A medida que el programa se desarrolle y las empresas comiencen a reportar sus contrataciones, será crucial monitorear su impacto en la tasa de desempleo y en la calidad de vida de los colectivos beneficiados.