La Fiscalía de Colombia reveló detalles de una compleja red criminal que operaba en Nariño, donde la colaboración entre integrantes del Ejército Nacional y algunos criminales, dio como resultado el secuestro de familiares de narcotraficantes, un modus operandi inédito que representa un retorcido giro en el panorama del crimen organizado del país.
Según pudo conocer la revista Semana, la investigación llevada a cabo por las autoridades, inicialmente se enfocaba en posibles vínculos de miembros del Ejército con redes delictivas, pero en el desarrollo de las indagaciones se pudo identificar una operación sistemática y altamente lucrativa entre los criminales y los mandos militares.
De acuerdo con lo expuesto por el medio citado, la Fiscalía pudo conocer que la red se dedicaba a la recolección de información detallada sobre narcotraficantes del sur de Colombia, particularmente en lo concerniente a sus familiares, residencias y activos financieros, y esa información, proporcionada por miembros de la inteligencia militar, era luego utilizada para orquestar secuestros que exigían rescates exorbitantes, con demandas que alcanzaban hasta los 4.000 millones de pesos por víctima.
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“El material probatorio da cuenta de que el grupo criminal tendría contactos con miembros de inteligencia militar, quienes, al parecer, entregaban información de personas investigadas por narcotráfico. Posteriormente, identificaban a los familiares de estos últimos para secuestrarlos y a cambio exigían una alta suma de dinero, con eso garantizaban que no acudirían a las autoridades y que tenían capacidad económica para pagar los rescates”, indicaron las autoridades.
Las autoridades conocieron que existía una colaboración profunda entre los secuestradores y algunos mandos militares que accedían a las bases de datos de inteligencia y usaban esa información como una moneda de cambio por beneficios económicos.
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Con los datos de procesamientos y seguimientos a los narcotraficantes, la alianza criminal de ‘los nuevos Pepes’ lograba ejecutar secuestros dirigidos con precisión; las víctimas, al tener antecedentes en narcotráfico y estar bajo el radar de la justicia, se encontraban en una posición vulnerable, lo que reducía significativamente la posibilidad de que estos crímenes fueran denunciados.
El método utilizado por la organización para asegurar el pago de los rescates incluía intimidaciones graves, llegando incluso a instalar dispositivos explosivos en las propiedades de las familias de los plagiados.
La Fiscalía indicó que la liberación de secuestrados se hacía bajo el pago de sumas significativas, mientras que otros casos requerían negociaciones que incluían desde dinero efectivo hasta bienes inmuebles.
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“Se pudo establecer que dicha organización estaría vinculada en dos eventos delictivos, ocurridos el 3 de junio de 2021, en el barrio Chilcos, y el 11 de diciembre de 2022, en el barrio Puenes, de Ipiales, Nariño. Las exigencias económicas realizadas a las víctimas fueron entre 4.000 y 2.000 millones de pesos, respectivamente (...) A una de las víctimas le fue instalada una granada de fragmentación afuera de su vivienda, porque la familia se rehusaba a cancelar el dinero exigido. Los rehenes fueron liberados, uno de ellos después de que pagaran 50 millones de pesos, y el otro, cuatro meses después de su secuestro”, le dijo una fuente judicial a Semana.
La operación de la Fiscalía condujo a la identificación y captura de seis personas vinculadas en la red criminal identificadas como Jhon Jairo Gutiérrez Gómez, Wilmer Hernando Betancourth Leyton, y los hermanos Diego Armando y Wilmer Andrés Caipe Rodríguez, que enfrentan cargos por concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, y secuestro extorsivo agravado, entre otros.
Además de las capturas ya efectuadas, la Fiscalía ha indicado que las investigaciones continúan su curso, especialmente en lo que respecta a los actos de corrupción que implican a miembros de la inteligencia militar.
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