Esta semana el sistema de Salud en Colombia vivió un vuelco, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) iniciara la intervención de EPS Sanitas y la Nueva EPS, lo que repercutió en que Compensar solicitara al Gobierno Nacional el inicio de su proceso de liquidación ante la inviabilidad financiera para seguir prestando adecuadamente sus servicios a los más de 2 millones de afiliados con los que cuenta.
Los opositores interpretaron estos controversiales procesos como una retaliación del presidente de la República, Gustavo Petro, luego de que en la Comisión VII del Senado se archivara su proyecto para reformar el sistema.
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Y precisamente uno de los protagonistas de estas polémicas fue el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, que en una entrevista que publicaron en el periódico El Tiempo, aseguró que en ningún momento se pretende que el Estado asuma la administración de la Salud.
“Es imposible estatizar el sistema de salud. Eso sí sería la catástrofe más grande”, afirmó en su diálogo con el maestro de periodistas en Colombia, Yamit Amad.
El funcionario señaló que entre los graves problemas con las EPS (Entidades Promotoras de Salud) están el incremento de las Pqrs (peticiones, quejas, reclamos, solicitudes) y su déficit financiero, lo que tuvo como consecuencia que hospitales y clínicas en el territorio nacional se quebraran.
Señaló, además, que ese colapso tuvo que ver con que se liquidaron EPS que se quedaron con los recursos que correspondían a las instituciones prestadoras de Salud, por lo que reiteró la tesis del Gobierno Nacional que no deberían administrar recursos.
“Su función de intermediación financiera no es necesaria. Podrían adoptar otro tipo de funciones que ayude a la organización del sistema”, indicó el también exconcejal de Bogotá, por el partido Alianza Verde.
En la entrevista le preguntaron que si el sistema de Salud era deficitario, por qué el 98 % de la población colombiana estaba afiliada a una EPS, a lo que respondió que ese porcentaje se daba porque era una obligación de ley.
“Otra cosa es que haya un acceso real. El hecho de tener un carnet muchas veces no significa que tenga una oportunidad real de tratamiento”, aseveró.
Insistió en que las EPS no deberían manejar recursos públicos que se asignan para la Salud porque no están llegando a la gente, pero reconoció que conocen muy bien los “procesos de referencia y contrarreferencia”.
“Hay que eliminarles la función de intermediación financiera, nada más (...) Lo que no puede ser es que las EPS sean los ordenadores del gasto público y definan para dónde va el gasto público con un interés que no parece ser el beneficio de la población”, agregó.
Finalmente reveló que el ingreso de las EPS es de 95 billones de pesos para este 2024 y no hay claridad de cómo administran el rubro.
“El sistema de información, como funciona hoy, es que ellas mismas reportan sus estados financieros (...) No sabemos el detalle del gasto, que deberíamos saberlo y debería ser público, porque los recursos son públicos”, afirmó en la entrevista con El Tiempo.
Aparte de estas inesperadas intervenciones en EPS Sanitas y la Nueva EPS, la Supersalud ya se estaba encargando de otras cuatro: Asmet Salud EPS, Emsanar, Famisanar y Savia Salud, con lo que ese organismo ahora supervisa la prestación del servicio a 13 millones de personas en Colombia, de acuerdo con un artículo en el diario El Espectador.
Aunque Leal sostuvo en ese medio de comunicación que lo que se busca es prevenir un colapso financiero en esas EPS y salvaguardar a los pacientes, así como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseveró que se seguirán garantizando los servicios que les prestan.
Por otro lado el expresidente Cesar Gaviria cuestionó que el Estado se encargue de la administración de las EPS porque no tiene la capacidad.
“Quiero ver cómo van a atender a 50 millones de pacientes que tiene el sistema de Salud colombiano. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos no se han preparado para nada”, expresó en un video el director del Partido Liberal, donde vaticinó que muchas personas perderán la vida por cuenta de esa decisión del Gobierno Petro.