Fuerza aérea invirtió casi $1.000 millones en gorras que no puede usar por el debate legal de su nombre

La Fuerza Aeroespacial Colombiana continúa en el epicentro de un debate que se ha prolongado tras el fallo de la Corte Constitucional, el cual invalidó el cambio de nombre propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro en julio de 2023 –pasar de Fuerza Aérea Colombiana a Fuerza Aeroespacial Colombiana–.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha sostenido firmemente la necesidad de este cambio, argumentando que el nuevo nombre busca “brindar un soporte constitucional para las operaciones militares en el espacio”. Sin embargo, la Corte Constitucional fundamentó su revocación en la violación de la Constitución del país, al considerar que la denominación original de la institución está claramente definida en la Carta Magna, otorgándole a una ley ordinaria la incapacidad de modificar dicha designación.

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Aunque superficialmente podría parecer una discusión meramente semántica, este debate se extienden mucho más allá. El Comando de la Fuerza Aérea ha destinado aproximadamente $1.000 millones de pesos en la implementación del nuevo nombre, realizando compras de gorras beisboleras, parches e insignias metálicas con la denominación de “Fuerza Aeroespacial Colombiana”, nombre que prohibió la Corte y, por lo tanto, no puede ser portado.

El conflicto surgió en torno al artículo 5 de la Ley 2302 de 2023, que buscaba actualizar las competencias y el alcance de la Fuerza Aérea, adaptándolas a las necesidades contemporáneas de seguridad y defensa en el ámbito espacial. No obstante, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que esta medida contradecía los artículos 4 y 217 de la Constitución Colombiana.

Estos artículos establecen la supremacía de la norma constitucional y definen la composición de las Fuerzas Militares del país, respectivamente. A través de la Sentencia C-080-2024, el cambio de nombre fue declarado inconstitucional, destacando la restricción del poder legislativo para alterar la identidad de las instituciones descritas en la Constitución.

Esto no fue tomado muy bien por la fuerza militar que ya se había adelantado a la compra de nueva indumentaria. Según informa el diario El Espectador, en mayo y agosto de 2023, el Comando de la Fuerza Aérea llevó a cabo dos convocatorias públicas para la adjudicación de contratos relacionados con la adquisición de estos elementos. El primero de estos contratos, otorgado a la empresa Suministros 2020 SAS, implicaba la elaboración de 7.200 gorras beisboleras azul oscuro por un valor de $215 millones.

Al parecer estos accesorios del uniforme ya han sido entregados y, efectivamente, llevan el nombre que la Corte Constitucional ha prohibido, por lo que no es posible que los porten. Al parecer las gorras se encuentran en una de las bodegas del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), ubicado al occidente de Bogotá. Por otro lado, el segundo contrato, relacionado con la adquisición de parches, elementos bordados y metálicos para la dotación del personal militar, fue adjudicado a tres empresas por un valor de $713 millones.

Según los términos de los contratos, cada empresa tenía la tarea de entregar un lote que en total sumaría más de 30.000 unidades entre parches, insignias y distintivos, todos ellos con el nuevo nombre propuesto por el gobierno de Petro.

Esta semana el ministro de Defensa, acompañado del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el general Luis Carlos Córdoba, se presentó ante el Congreso para reiterar su proposición, que la Corte Constitucional anuló hace apenas tres semanas.

La Corte Constitucional determinó que hubo un error de procedimiento en la presentación de la modificación del nombre. Según el tribunal, el ministerio debería haber radicado un acto legislativo para modificar la Constitución en lugar de una ley ordinaria. Esto se debe a que la ley ordinaria no tiene la facultad de modificar ni siquiera un aspecto mínimo de la Carta Magna, según lo establecido por la misma.

El presidente Gustavo Petro ha radicado un nuevo proyecto de ley con el fin de modificar nuevamente la denominación de la Fuerza Aérea Colombiana por la de Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el argumento de brindar un soporte constitucional para las operaciones militares en el espacio, según explicó Velásquez en una rueda de prensa en el Senado de la República.