Gobierno interviene las EPS y los recién nacidos serían los más perjudicados: las razones

La intervención en las últimas horas de las EPS Sanitas y Nueva EPS por parte de la Supersalud ha causado muchas reacciones y preocupación en varios sectores. Una de las inquietudes desde la Gobernación del Valle es lo que sucederá con la afiliación de los recién nacidos, tanto en el departamento como en el resto del país, pues hay una dificultad con la afiliación de los nuevos usuarios.

“Estas EPS intervenidas tienen limitaciones como afiliar nuevas personas, entonces ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los recién nacidos del departamento del Valle? ¿Se van a afiliar al sistema o se van a quedar sin afiliación? Tenemos una serie de preguntas que esperamos que el Gobierno nacional nos responda con rapidez”, manifestó en una entrevista en el noticiero 90 Minutos María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

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Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro, señaló la urgencia de que la Superintendencia de Salud garantice realmente la atención oportuna y eficaz de los usuarios de Sanitas y la Nueva EPS. Por ende, reiteró sobre la necesidad del pago oportuno a los hospitales que han prestado sus servicios y que, a la fecha, registran una cartera de pago atrasado por más de un billón de pesos.

La mandataria dijo que en la región las EPS que están intervenidas por Supersalud no realizan los pagos, según lo acordado y establecido en la ley, generando así más retrasos en cartera. Toro, además, recalca que estará a la espera de que la Superintendencia haga los debidos pagos a los hospitales de aquellos servicios prestados a los pacientes.

Según la secretaria Departamental de Salud, la posibilidad de liquidación de las EPS “significaría la quiebra de las instituciones de salud públicas y privadas. Por eso, el departamento sigue buscando salidas para las condiciones críticas, por ejemplo, de la EPS de régimen subsidiado, Emsanar, que es mayoritaria para nosotros”.

María Cristina Lesmes añadió que esperan que la Superintendencia sí logre administrar de msimultánea un número tan importante de usuarios en todo el país, pues en este momento parecen estar olvidados o estar fuera de radar por parte de la entidad.

“Hoy, hay 37 millones de colombianos cuyas EPS están intervenidas. Ya es más de la mitad del país que está en esta situación y que genera una incertidumbre, porque no sabemos qué decisiones se van a tomar por ejemplo, con las EPS que ya van a cumplir un año de intervención y con las nuevas intervenidas. Hay una crisis del sector en este instante, dadas esas situaciones”, concluyó Lesmes.

Son varios los detractores de estas acciones ejercidas por la Superintendencia encabezada por Luis Carlos Leal. Por ende, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de un pronunciamiento que hizo público en su cuenta de X (antes Twitter) hace unos días fue enfático en decir que va a “defender la salud de los bogotanos” y que está “comprometido con la salud y el bienestar de todos”.

“Bogotá no es ajena a la coyuntura actual del sistema de salud. En nuestra ciudad hay hoy dos millones y medio de personas afiliadas a EPS intervenidas y eso nos genera una gran preocupación”, aseguró Galán, afirmando a su vez que, desde el inicio de su administración, ha trabajado “sin descanso” para superar las dificultades que enfrenta Capital Salud, la EPS del Distrito.

Además, María Fernanda Cabal también expresó desde el primer momento que la polémica determinación “solo cabe en la cabeza de unos desquiciados”.

La senadora del Centro Democrático fue más lejos y aseguró que lo que está haciendo el presidente, según ella, es una “expropiación indirecta”: “Es intranquilizar a 5.7 millones de pacientes que Sanitas atiende para que pasen todos al sistema de dominación de los funcionarios de Petro”.

Finalmente, ha invitado a los ciudadanos inconformes a marchar el domingo 21 de abril y, además, según la senadora lo que planea el presidente es que haya un control total por parte del Estado, como ocurrió en Cuba y Venezuela.