Los pueblos killacas, carangas y chichas de Bolivia enviaron en la mañana del viernes 29 de marzo un escrito a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el cual fue revelado por Europa Press, en este le pidieron que se analicen las condiciones de seguridad jurídica en la intervención y extracción del galeón San José, teniendo en cuenta los planes del gobierno colombiano.
Según el documento, el reclamo lo hicieron las naciones que estuvieron vinculadas de forzosamente a la explotación de minerales y piedras preciosas que hacían parte de la carga que transportaba la embarcación.
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Asimismo, mencionaron que las actuales decisiones suponen “un grave riesgo” para el resto del patrimonio arqueológico de los demás yacimientos de buques de la Carrera de Indias en aguas de Colombia y de otros países de América, ya que “abre una vía para apartar estos importantes yacimientos del derecho internacional que podría protegerlos”.
Añadieron “Supone un paraguas que para estos pueblos puede representar obtener la cualidad de patrimonio cultural común y compartido”. El abogado representante del caso, José María Lancho, afirma que hay una base jurídica internacional muy importante para sostener la petición de estas comunidades.
“Si la explotación cultural del mismo genera rendimientos económicos sería una aberración que una parte significativa de los mismos no se dirija a mejorar el bienestar de estas comunidades, ligadas durante siglos a la explotación en condiciones claramente desiguales a las que disfrutaban los demás súbditos de la Corona de Castilla”.
Estos pueblos tienen personalidad jurídica incluso internacional, y han preservado su cultura, lengua e instituciones propias según acreditan estudios históricos, afrontando en la actualidad muchas dificultades. Las naciones originarias afirman que el acceso unilateral al galeón por Colombia al margen de las demás partes interesadas y al derecho internacional sería “un acto de expolio y un acto neocolonial”.
Por lo que solicitaron a la Unesco que requiera a Colombia e incluso a España, país que es parte de la Convención sobre la protección del patrimonio subacuático de 2001, que “emprenda acciones ante los organismos internacionales competentes, incluido el Tribunal Internacional de Justicia para hacer valer la inmunidad soberana” de los restos correspondientes al galeón San José.
Para de esta manera, garantizar que las naciones originarias sean consultadas, puedan participar efectivamente en el destino del galeón y que el San José sea un patrimonio común y compartido.
Gobierno respondió si hubo saqueo a los restos arqueológicos del galeón San José
El Ministerio de Cultura emitió un comunicado el 20 de marzo en el que se pronunció sobre el galeón San José, por lo que el Gobierno aseguró que, hasta el momento, el bien de interés cultural y sus evidencias arqueológicas se encuentran depositadas sin ninguna variación, distinta a la producida por la dinámica marina misma –corrientes y fauna– sin que se evidencien intervenciones externas.
Además, el Gobierno respondió las presuntas intervenciones indebidas, comentando que las entidades comprometidas en la investigación del Bien manifiestan que la información de línea base con que se cuenta, producto de la I Campaña de Verificación y Seguridad del BIC Galeón San José de mayo de 2022, realizada por la Armada, la Dimar y con el acompañamiento del (Icanh) y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, no infiere ninguna clase de intervención humana.
Otro de los puntos mencionados, fue que durante el desarrollo del proyecto de investigación que se adelantará en el 2024, se revisarán los parámetros analíticos y de control sobre el área del Bien, a efectos de determinar el estado de evolución hidrográfica, oceanográfica y biológica de este sitio arqueológico.
Por lo que el Estado invertirá para este año $17.962 millones para: fortalecer la capacidad técnica con la adecuación de un vehículo operado remotamente (ROV, por sus siglas en inglés), desde el buque multipropósito ARC “Caribe”.
La adecuación de un laboratorio de conservación de materiales en las instalaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección General Marítima y para avanzar en el proceso permanente de divulgación científica y difusión a múltiples públicos interesados.