A pesar de la decisión de la Cancillería, Thomas Greg anunció que continúa con su demanda contra el Estado por el contrato de los pasaportes

Luego de que la Cancillería anunciara que la compañía Thomas Greg & Sons, que lleva más de 17 años expidiendo los pasaportes en Colombia, seguirá con el trámite, se conoció que la demanda de la empresa contra el Estado colombiano, por $117.000 millones, continúa.

Fuentes cercanas al proceso aseguran que hasta que no se firme el contrato para la elaboración de los pasaportes no desistirán de la demanda, porque su argumento se basa en que dañaron la imagen de la empresa cuando se declaró desierta la licitación de pasaportes en el 2023.

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En un movimiento sin precedentes, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) la destitución inmediata de José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, debido a alegaciones de corrupción en la adjudicación de un contrato millonario para la fabricación de pasaportes.

Petro demandó, además, una investigación penal contra Salazar, acusándolo de haber “traicionado” al país y estar implicado en un “contrato corrupto”, que favoreció a la empresa Thomas Greg & Sons en la monopolización del manejo de datos privados.

La controversia surgió cuando Salazar otorgó un contrato por 599 mil millones de pesos (aproximadamente 147 millones de dólares) a Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes colombianos, una decisión que contradice medidas previas tomadas por Álvaro Leyva, quien había declarado desierta la misma licitación citando irregularidades en el proceso de convocatoria.

La resolución emitida por Salazar favoreció la formación de la UT Pasaportes 2023, compuesta por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., estableciendo así una suma específica para la adjudicación del contrato.

Por su parte, José Antonio Salazar respondió a las acusaciones señalando que la decisión fue tomada “apegada a la ley” y con la intención de “evitarle al Estado un daño patrimonial”. Salazar defendió la legalidad de sus acciones, argumentando que el proceso de licitación se llevó a cabo de manera justa, adjudicando el contrato al oferente más capacitado.

“Después de un proceso legislativo, debe adjudicarse el contrato al postor que resulta habilitado y con mayor calificación”, sostuvo Salazar, enfatizando que su decisión se basó en resultados legítimos de un proceso transparente.

La demanda

Thomas Greg & Sons decidió emprender acciones legales contra el Estado colombiano tras la fallida conciliación que fue anunciada el 19 de diciembre de 2023, en un contexto donde las discrepancias entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa han escalado. Según expresó la compañía, este movimiento hacia la judicialización se da luego de encontrarse con una negativa por parte del canciller Álvaro Leyva quien, a pesar de los intentos de acuerdo, “aseguró no estar interesado” en conciliar.

La Unión Temporal, entidad representativa de Thomas Greg & Sons, reafirmó su disposición al diálogo a lo largo del proceso, subrayando su “ánimo conciliatorio” y su confianza en las instituciones judiciales colombianas para resolver la disputa.

Esta decisión surgió de un complejo entramado de comunicaciones y gestiones fallidas, comenzando con los comentarios del apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores en una audiencia el 15 de diciembre, y continuando con las declaraciones del canciller Leyva el 16 de diciembre, quien manifestó su posición contra la conciliación.

A esto se suma la respuesta del Comité el 18 de diciembre, ratificando su intención de conciliar pero admitiendo su “falta de competencia para decidir sobre la revocatoria” y otros aspectos esenciales para la conciliación, lo que la Unión Temporal interpretó como una contradicción con las normativas de conciliación contencioso-administrativa.

Las “declaraciones del Ministro” y la respuesta del Comité, según la empresa, evidenciaron una “ausencia total de ánimo conciliatorio”, poniendo en duda la viabilidad de un acuerdo. Este escenario se agravó durante la continuación de la audiencia el 19 de diciembre del mismo año, donde el apoderado ministerial “manifestó que desconocía la fórmula de arreglo propuesta”, reforzando la percepción de un bloqueo en la negociación.