La senadora María José Pizarro rechazó categóricamente las acusaciones que apuntan a que el fiscal Francisco Barbosa había hecho uso indebido de fondos de la Fiscalía General de la Nación para remodelar su residencia personal. Estas afirmaciones, que han generado una intensa polémica en los círculos políticos del país, surgieron a raíz de una serie de investigaciones llevadas a cabo por la Contraloría General de la República, que fueron reveladas por la revista Cambio.
Según los informes preliminares de la Contraloría, durante el periodo de gestión de Barbosa al frente de la Fiscalía, se habría llevado a cabo un contrato para la instalación de un sistema de blindaje en la vivienda del fiscal, bajo el argumento de garantizar su seguridad debido a la naturaleza de su cargo. Sin embargo, los documentos revelaron que una parte considerable de los fondos destinados a este fin habrían sido utilizados para realizar mejoras adicionales en la propiedad.
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Durante el análisis de estos documentos, se descubrió un contrato destinado a la instalación de un sistema de blindaje en la residencia del fiscal, justificado bajo el argumento de garantizar su seguridad debido a la naturaleza de su cargo.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los auditores fue que una parte significativa de los fondos asignados para este propósito habrían sido utilizados para realizar otras mejoras en la vivienda personal de Barbosa. Estas mejoras habrían sido financiadas con dinero de la Fiscalía, bajo el pretexto de la seguridad, lo que generó una fuerte controversia sobre el presunto mal uso de los recursos públicos.
A medida que avanzaba el proceso de auditoría, se produjeron una serie de cambios inesperados en la supervisión de la investigación. En noviembre de 2023, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, emitió una nueva resolución que modificaba la conformación del grupo interno encargado de vigilar los recursos de los gastos reservados, así como su coordinación y supervisión.
Este cambio fue seguido por otra resolución, emitida el 26 de diciembre del mismo año, en la cual se transfirió la supervisión de los auditores a otra dependencia dentro de la Contraloría. Este movimiento, considerado por muchos como inusual, generó preocupación sobre el futuro de la investigación y la posibilidad de que los hallazgos hasta ese momento pudieran ser archivados o desestimados.
Estas revelaciones provocaron una fuerte reacción por parte de diversos sectores políticos y de la sociedad civil, que expresaron su indignación ante lo que consideraron un presunto abuso de poder y malversación de fondos públicos. La senadora Pizarro, miembro destacado de la coalición del Pacto Histórico, utilizó su plataforma de X (anteriormente Twitter) para manifestar su descontento y denunciar lo que calificó como “impunidad y despilfarro” por parte del fiscal.
“Barbosa presuntamente habría utilizado recursos de la Fiscalía para mejorar su casa. Escoltas para pasear perros, funcionarios para oficios domésticos, viajes en pandemia a costa de la entidad. Impunidad y despilfarro es su legado, un legado que va a continuar si se mantiene la interinidad”, escribió la senadora.
Estas acusaciones también encontraron eco en otras figuras prominentes del ámbito político colombiano. Gustavo Bolívar, exsenador y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, se sumó a las críticas contra el fiscal y del contralor, señalando un presunto encubrimiento de actos de corrupción.
“Cada ente de control es más corrupto que el otro. De cómo Barbosa hizo crecer sus gastos reservados de 19 a 51 mil millones en un año (300%) y de cómo el Contralor Carlos Mario Zuluaga inventó una y mil triquiñuelas para evitar que sus funcionarios lo auditaran. País podrido. Cada ente de control es más corrupto que el otro”, expresó Bolívar en su cuenta de X.
Estas declaraciones desataron un intenso debate en las redes sociales, donde se expresaron opiniones encontradas respecto a la veracidad de las acusaciones y la responsabilidad de los funcionarios públicos en el manejo transparente de los recursos del Estado. Mientras algunos usuarios respaldaron las denuncias de Pizarro y Bolívar, otros cuestionaron la falta de pruebas concretas y la presunción de inocencia de los implicados.