Para la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), el fiscal General de la Nación, al estar participando abiertamente activamente en política, ha escogido el ataque personal en contra del presidente Gustavo Petro, por lo que le pidió a Francisco Barbosa que lo respete. También dijo que no siente que haya garantías, pues el fiscal actúa según sus posiciones políticas, que “no ha sabido capaz de separar” de sus funciones.
Esta participación en política del fiscal advirtió la senadora Pizarro ha provocado el enfrentamiento entre la cabeza del Ejecutivo y la del ente acusador, que llegó a una cota de tensión el 2 y 3 de febrero, cuando el presidente advirtió que hay una ruptura institucional y empezó a enviar mensajes, en X, traducidos al francés, italiano y árabe, para llamar la atención de la comunidad internacional.
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“Todo este clima un poco turbulento lo ha generado precisamente el hecho de que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, haya decidido hacer un uso indebido de su rol como fiscal, participando abiertamente en política y, además, dirigiéndose al presidente de la República. Recordemos que hay una figura presidencial que en este país debe respetarse”, dijo la senadora Pizarro, en Noticias Caracol.
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También señaló cómo el fiscal Barbosa se ha referido al presidente “con cualquier tipo de improperios absolutamente falaces” y recordó que “incluso llegó al extremo de tildarlo de narcotraficante” y reparó en que se esperaría que la cabeza del ente acusador actué “de manera absolutamente imparcial, utilizando ese gran símbolo de la justicia, una justicia equilibrada, una justicia autónoma, una justicia que realiza su trabajo, que brinda todas las garantías, la garantía al debido proceso, a la presunción de inocencia, en fin”.
Esto, para la senadora, no ha pasado ni bajo la Fiscalía actual, ni de la Néstor Humberto Martínez, y señaló que no siente “ningunas garantías con un fiscal que se ha expresado de esta manera” ante un fiscal, como Barbosa, que dijo, “no ha sido capaz de separar sus posiciones personales, su partido político, los intereses de sus amigos y de sus aliados políticos, del cargo que está ocupando en la Fiscalía General de la Nación”.
La “ruptura institucional”, que denunció Petro
El presidente Petro, el 2 y 3 de febrero, prendió las alarmas, tanto del oficialismo, como de la oposición, al denunciar que se estaría conjurando una “ruptura institucional” en el país orquestada por el fiscal Barbosa con un solo objetivo: sacarlo del poder.
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La senadora Pizarro, que cerró filas, como todo el Pacto Histórico alrededor del presidente, advirtió que, más que defender, o no, al jefe de Estado, hay que defender la institucionalidad y la separación de poderes, que dijo no existe “hace un tiempo”: “Aquí no se trata de defender o no al presidente de la República, por supuesto, nosotros tenemos unas posiciones absolutamente claras; se trata de defender la institucionalidad, se trata de defender la separación de poderes, una separación de poderes que no existe hace un tiempo”.
Después recordó que, durante la Presidencia de Iván Duque, desde el Pacto Histórico se denunció que este propuso y puso a “mejores amigos, incluso a miembros de su propio gabinete” para ocupar tanto la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, por lo que subrayó la importancia de elegir, pronto, a la fiscal General de la Nación.
La elección del fiscal
Sobre la elección de la sucesora del fiscal Barbosa, la senadora Pizarro reparó en que la Corte Suprema de Justicia “tiene sobre la mesa ya hace varios meses una terna de mujeres intachables” y que sería peligroso abrir la puerta a una intericnidad en la Fiscalía, que recaería en la vicefiscal Martha Manzera, que tiene varios cuestionamientos por, presuntamente y según investigaciones de la Revista Raya o de Cambio, hacer caso omiso a las denuncias de que un exdirector del CTI de Buenaventura lideraría un grupo de narcotraficantes.
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“Dejar la Fiscalía en una persona tan cuestionada en estos momentos no hace, sino incrementar la sensación de incertidumbre, de incomodidad y, por supuesto, la deslegitimización de la Fiscalía General de la Nación, que es el ente que debe otorgar y que debe impartir justicia en relación con los graves casos de derechos humanos, en relación con la corrupción, casos que han sido engavetados o que apenas han avanzado, como el caso de Odebrecht, cosa que no se ha visto en otros países. Y por supuesto, que actúe con independencia, con imparcialidad, con rigor, con autonomía”, advirtió la senadora.