El partido Comunes, formado en su mayoría por firmantes de la acuerdo de paz de La Habana, Cuba, le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro Urrego, en la que expresan su preocupación porque, según ellos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no está cumpliendo con lo pactado en 2016.
Frente a estas acusaciones, el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtió que aquellos firmantes del acuerdo de paz que desobedezcan las decisiones judiciales corren el riesgo de perder los beneficios concedidos.
En la respuesta de la JEP se resalta la importancia del cumplimiento riguroso de los compromisos adquiridos en el proceso de paz, y la necesidad de respetar las decisiones judiciales como piedra angular para la consolidación de la paz en Colombia.
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Las palabras exactas del magistrado Vidal sobre el caso en cuestión fueron las siguientes: “Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la paz e incumplan de manera grave sus compromisos, están sujetos a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones en la justicia ordinaria, los procedimientos y sanciones y penas impuestas allí”.
De hecho en la guía de derechos y deberes de los comparecientes del tribunal mencionan los siguientes deberes: “Deber de dejación de armas. Deber de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil de forma integral. Deber de realizar las reparaciones que le sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición. Deber de comparecer cuando sean requeridos por la jurisdicción”.
Y es que, en la carta que el partido Comunes le dirigió al primer mandatario Gustavo Petro, comentaron que “las anteriores razones y otras preocupaciones relacionadas con el acuerdo de paz, nos motivan a dirigirnos a usted en su calidad de jefe de Estado , y en la nuestra de alta parte contratante, hasta tanto culmine la implementación del AFP, para advertir que, de persistir la idea de incumplir lo acordado entre las partes en materia de justicia, por parte de la JEP, se estaría llevando a los firmantes y comparecientes a apartarse de las decisiones proferidas por esta jurisdicción, por ser abiertamente contrario al espíritu del acuerdo final de paz. Ya algunos aseguran que la JEP en este momento es la principal causante del aumento de las filas de los grupos armados ilegales y de la violencia”.
Subrayan de igual manera en la carta que este proceder difiere significativamente de lo pactado en los acuerdos de paz de La Habana. Exponen que, a pesar de su compromiso y conformidad con las estipulaciones de la jurisdicción, les inquieta la tendencia de la JEP a desviarse del verdadero espíritu y la letra de lo convenido, interpretando el texto acordado de manera que, según ellos, contradice los objetivos de paz. Argumentan que, con estas acciones, la JEP podría estar trasladando el acuerdo de un marco político a uno judicial punitivo, lo cual consideran inadecuado dada la naturaleza política del acuerdo firmado con el Estado.
La misiva en cuestión ha suscitado un amplio debate y ha provocado diversas reacciones en figuras políticas del país, entre ellas, la de la directora de Human Rights Watch y excongresista colombiana, Juanita Goebertus. Ella expresó su preocupación, señalando que el contenido de la carta constituye una “amenaza” que podría tener implicaciones negativas en los derechos de las víctimas.
“A la JEP le corresponde investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes más graves del conflicto armado. La amenaza de miembros de Comunes de desconocer sus decisiones atenta contra los derechos de las víctimas y la independencia de la JEP”, comentó Juanita Goebertus.