Los abogados del canciller Álvaro Leyva hicieron su primera movida y solicitaron a la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, además de reversar la decisión de suspender al ministro de Relaciones Exteriores, declararse impedida para estudiar la sanción en contra de Leyva.
Según el abogado del canciller Leyva, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, la decisión del Ministerio Público vulneró los derechos del ministro de Relaciones Exteriores y las garantías en el proceso disciplinario. También advirtió que la suspensión de su cliente no se justifica, pues “el análisis objetivo de la probabilidad de reincidencia en la falta disciplinaria es deficiente”.
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La solicitud del abogado Dueñas Gómez fue radicada el primero de febrero de 2024, se funda en siete puntos, como que no están dadas las condiciones fácticas que acrediten en el caso concreto “por qué la permanencia en el cargo del señor canciller, mientras avanza la investigación disciplinaria, posibilita la reiteración de una presunta falta”.
También señaló que “el patrón de comportamiento” invocado por la Sala de Instrucción, para suspender al canciller, “es inexistente”, toda vez que el ministro Leyva solo suspendió una licitación “de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Otro argumento que esgrimió el abogado de Leyva es que “no existe nexo causal entre la conducta que supuestamente podría repetirse y la falta que se pretende precaver, especialmente cuando la legalidad de los actos administrativos proferidos se debe presumir y a la fecha ni la declaratoria de desierta ni la urgencia manifiesta han sido suspendidas o anuladas por una autoridad administrativa o judicial”.
Además, señaló que la suspensión del canciller está soportada “en argumentos que no están relacionados con el trámite contractual”, pues las controversias por las que fue sancionado, como la conciliación con Thomas Greg & Sons, son “posteriores y ajenas a la etapa precontractual, donde se habrían configurado las supuestas faltas”, que motivaron al Ministerio Público a formularle cargos al ministro.
Así mismo, advierte que la Sala de Instrucción “no acreditó la necesidad de adoptar la medida de suspensión provisional”, sino que “simplemente señaló que se hacía para evitar que se pudieran reiterar” comportamientos como los que tienen sancionado al canciller, cuando “existen otros medios para hacer seguimiento e incluso intervenir en procesos contractuales”.
Los últimos dos argumentos de la defensa de Leyva están dirigidos hacia la Sala Disciplinaria, advirtiendo que esta no “justificó la proporcionalidad de la medida”, que, para el abogado Dueñas Gómez, compromete “incluso la seguridad del Estado, sin que, de otro lado, se obtenga un beneficio concreto”.
El último argumento apunta a que la decisión de la Sala Disciplinaria “no obedece a la dinámica esperada de una acusación administrativa objetiva e imparcial, garantías esenciales del debido proceso” y puso como ejemplo que se anunció el pliego de cargos en contra del canciller antes de que la defensa pudiera presentar sus alegatos, lo que “demuestra que las decisiones ya estaban tomadas y que el trámite procesal fue una mera ritualidad para protocolizar sanciones que ya habían sido anticipadas”
La solicitud de la defensa del canciller Leyva
Fundado en estos argumentos, el abogado Dueñas Gómez solicitó a la procuradora Margarita Cabello “que evalúe la posibilidad de declararse impedida para pronunciarse en el grado de consulta”. También pidió “que se revoque la medida de suspensión provisional adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, en Auto del pasado 24 de enero de 2024″, con la que se suspendió, por tres meses, al ministro de Relaciones Exteriores, doctor Álvaro Leyva Durán.