El presidente de la República, Gustavo Petro, ya fue notificado de la decisión de la Procuraduría General de la Nación, acerca de la suspensión de tres meses al canciller Álvaro Leyva Durán, por lo que sería su presunta responsabilidad en las irregularidades que se habrían registrado durante el proceso licitatorio de pasaportes, declarado desierto por su dependencia en septiembre de 2023 y que derivó en una multimillonaria demanda de Thomas Greg & Sons.
El organismo disciplinario, con una comunicación fechada del 24 de enero de 2024, que también fue remitida a Claudia Eugenia Sánchez, secretaria Jurídica (e) de la Presidencia, comunicó al primer mandatario de la determinación de apartarlo de su cargo y la necesidad de que, en consecuencia, nombre a su reemplazo, para que continúe al frente de la entidad. Una decisión que, aunque de carácter provisional, podría extenderse por varios años.
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En su misiva, la Procuraduría recordó que la suspensión fue dictaminada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la entidad, aprobada según acta de sesión extraordinaria número 4, y con base en lo dispuesto en el artículo 217 del Código General Disciplinario. El ministro Leyva, mientras esté apartado de su cargo, no tendrá derecho a remuneración económica alguna, mientras cumple con la sanción de 90 días confirmada por el ente de control.
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Pese a la férrea defensa del presidente de su funcionario, al que ha salido apoyar en los eventos públicos, la decisión de la entidad que dirige Margarita Cabello Blanco no tiene reversa. Por lo que Petro, según determina la ley, deberá acatar la suspensión de Leyva y “proceder a garantizar el servicio, dirección y funcionamiento de las misiones legales y constitucionales que incumben a la Cancillería”, a través de un reemplazo del suspendido ministro.
Los argumentos de la Procuraduría para suspender a Álvaro Leyva Durán
En el boletín 056 de 2024, el Ministerio Público hizo énfasis en los argumentos encontrados por la Sala Disciplinaria de Instrucción, en el sentido que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de forma provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.
La primera, al declarar desierta la licitación 001 de 2023, que debía adjudicarse por cerca de $599.000 millones, al parecer “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Y la segunda, en tanto, por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que existieran causales para tal fin.
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Sobre la suspensión provisional de Leyva, la referida sala indicó que la medida se tomó con el fin de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen; lo anterior debido a que oficiaba como el ordenador del gasto de la Cancillería y director del proceso contractual que lleva a cabo la Cancillería, que ya se abrió para todos los oferentes, por el orden de los $416.146 millones y en un contrato se extenderá hasta el 31 de julio de 2026.
“Nos va a costar, nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, ya lo vivimos en Bogotá Humana, no nos van a dejar gobernar. Pues claro: esa es la mentalidad. Quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de Gobierno popular”, expresó Petro desde Guapi (Cauca) el mismo día en que supo que Leyva había sido suspendido, en respuesta a la procuradora Cabello Blanco.
Mientras eso sucede, la demanda de $117.000 millones presentada por el oferente, Thomas Greg & Sons, al no ser declarado ganador de la licitación pese a cumplir con las condiciones, continúa su marcha. Esto luego de que no llegara a un acuerdo con el Estado para establecer una conciliación y evitar un proceso que podría significar, además de engorroso, altamente costoso para las finanzas del Ejecutivo.
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