El contrato suscrito el 27 de diciembre de 2022 pretendía desarrollar el proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado en Suba y Engativá, pero enfrenta potenciales riesgos en su ejecución. La solicitud de suspensión, fechada el miércoles 17 de enero, responde a la detección de “circunstancias que podrían poner en riesgo la ejecución del proyecto”, según indicó W Radio.
Una inspección disciplinaria llevada a cabo el lunes 15 de enero por el Ministerio Público reveló falencias en la planeación contractual del proyecto, incluyendo “vacíos en la definición de temas claves” y problemas en “la distribución de competencias y la aplicación del principio de coordinación entre entidades públicas”.
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Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación advirtió que se deben evitar “situaciones contrarias al ordenamiento jurídico en los procesos de selección que impacten la ejecución, valor o plazo” e imprevistos que atenten contra la legalidad y el buen manejo de los recursos públicos. Además, la planeación contractual debe estar exenta de improvisación, ya que “la ligereza en la planeación de los negocios contractuales menoscaba el interés general”.
Por su parte, la procuradora tercera delegada para la Contratación Estatal, Gloria Yaneth Quintero Montoya, destacó durante su visita a Renobo la existencia de “condiciones suspensivas, resolutorias y el plazo extintivo” en el contrato que requieren una definición clara para evitar litigios y demandas. La funcionaria trajo a memoria un precedente problemático con la Constructora Las Galias S.A.S. en el caso del proyecto de San Bernardo.
De igual forma, el ente de control hizo énfasis en que, si bien no se opone a las “políticas de la administración distrital para la construcción y adecuación de obras de urbanismo, infraestructura, transporte público o proyectos de vivienda”, es crucial evaluar “si en las condiciones expuestas es oportuno y posible ejecutar el citado proyecto”, de acuerdo con lo indicado por el medio citado en un principio.
La inspección reciente tuvo como meta la recolección de documentación sobre el proceso de estructuración y desarrollo del proyecto previsto en los terrenos de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). En consecuencia, funcionarios de Contratación Estatal del Ministerio Público y peritos realizaron el análisis para verificar si se contaban con las condiciones técnicas necesarias y si las modificaciones introducidas afectaban la libre competencia.
Al mismo tiempo, se está adelantando una investigación disciplinaria en contra el gerente de Renobo, Juan Guillermo Jiménez, por supuestas violaciones de los principios de transparencia, responsabilidad, buena fe y legalidad que rigen la función administrativa, en relación con la transparencia, responsabilidad, buena fe y legalidad en la ejecución del contrato.
El dilema de Renobo
A pesar de las aclaraciones de la empresa, persisten interrogantes acerca de la legitimidad de la licitación que tiene como único proponente a la Constructora Las Galias en el proyecto avaluado en más de 322.000 millones de pesos en predios.
En un documento enviado a la Procuraduría, Renobo sostuvo que sus estatutos les permiten operar modelos de negocio asociativos que no requieren de licitaciones formales. A pesar de ello, se subraya el deber de seleccionar socios estratégicos que maximicen los resultados de los proyectos en beneficio de la ciudad. Sin embargo, la existencia de un solo proponente plantea dudas sobre cómo se garantiza dicha maximización de beneficios sin una comparación de ofertas.
La empresa argumentó en su momento que no hay recursos públicos involucrados en el proyecto, aunque los predios a ser vendidos forman parte del patrimonio de los ciudadanos de Bogotá. Con la venta de estos predios a la Constructora Las Galias y su posterior desarrollo, se podría generar un negocio estimado en más de 2,7 billones de pesos, de los cuales la ciudad recibiría tan solo un 2,5% a 3% en concepto de ganancias por ventas inmobiliarias.