Después de que se hiciera noticia la operación militar sorpresiva en el que las fuerzas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) llevaron a cabo un ataque al amanecer del pasado 31 de diciembre contra Allende Perilla Sandoval, destacado miembro de la Segunda Marquetalia, parecería que el Gobierno nacional estaría cambiando su ruta de acción contra los grupos armados desde que Gustavo Petro implementó su nueva estrategia de seguridad en la que priorizó la “paz total”.
De hecho, esa incursión de las autoridades en un caserío en la zona rural de Roberto Payán, Nariño, tuvo lugar después de varios narcotraficantes extranjeros acusaran a Perilla de adeudarles grandes sumas de dinero de las ganancias generadas por un cargamento de cuatro toneladas de cocaína. El enfrentamiento resultó en la muerte del objetivo y un escolta, pero la situación se complicó cuando varios guardaespaldas generaron una asonada comunitaria y se robaron los cuerpos, impidiendo la confirmación de los decesos.
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Sin embargo, el duro golpe de las autoridades marcaría la primera gran acción del Ejército Nacional contra los grupos armados ilegales desde que Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, pues el primer mandatario aseguró que su política se basaría en las negociaciones con los ilegales que, según indicaron expertos, terminó otorgándole grandes ventajas a los armados para fortalecerse en todo el territorio nacional.
Y es que según recopiló El Colombiano en un análisis, uno de los cambios más notorios fue la suspensión de los bombardeos a finales de 2022, que hasta entonces se había convertido en una de las armas más contundentes para dar de baja a los miembros de las guerrillas, aunque Petro aseguró en su momento que dichas prácticas atentaban contra la población menor de edad que se encontraba en los campamentos.
Sin embargo, aunque el propósito del presidente era llegar a un acuerdo para acabar con el reclutamiento de menores de edad en las filas de los grupos armados, lo cierto es que este propósito no se ha cumplido, y el número de combatientes de nuevas generaciones ha aumentado considerablemente.
Adicionalmente, la Casa de Nariño decidió detener la erradicación forzada de cultivos ilícitos, prometiendo abordarla de manera concertada con los sembradores. Esto llevó al retiro de escuadrones enteros de erradicación, resultando en la multiplicación de hectáreas de coca.
Incluso, una de las decisiones más polémicas de Gustavo Petro se dio el 31 de diciembre de 2022, cuando el presidente ordenó un cese bilateral del fuego sin que se adelantaran acuerdos con los grupos armados, una movida que generó diversas reacciones y aceptación por parte de algunas estructuras armadas, que no significó una reducción en la ofensiva de los ilegales contra los uniformados del Ejército Nacional y la Policía.
De hecho, el número de asesinatos contra servidores de las instituciones de seguridad de la Nación incrementó exponencialmente y hasta el último reporte, más de 34 soldados perdieron la vida en ataques de los armados durante 2023, lo que generó el rechazo de los ciudadanos ante las políticas.
Sin embargo, la estrategia de “paz total” propuesta por Petro busca el diálogo con los grupos armados como solución principal contra la violencia. No obstante, críticos argumentan que esta táctica ha otorgado ventajas a las organizaciones criminales, que continúan con actividades delictivas mientras participan en procesos de paz.
Medidas como la oferta de salarios y subsidios para que los criminales abandonen la delincuencia también ha sido objeto de polémica y críticas, pues según las cifras de violencia presentadas por la ONG Indepaz muestran que, a pesar de la nueva política, los índices de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos no han disminuido.
Incluso las estadísticas del Ministerio de Defensa muestran que los indicadores de delitos como secuestros, trata de personas, delitos ambientales y hurto a personas han experimentado un aumento preocupante entre 2022 y 2023.
Ante los resultados, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha tenido que enfrentar múltiples debates en el Congreso para explicar y defender la estrategia de seguridad implementada, destacando que no busca favorecer a los criminales en detrimento de la comunidad.