Mediante una carta enviada por la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda, al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, se advierte que el Ministerio de Salud no ha atendido las solicitudes de la Procuraduría de girar los recursos de los presupuestos máximos de los meses de noviembre y diciembre de 2023 a las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Por el contrario, dice la procuradora delegada, las respuestas que ha dado han sido “afirmaciones irrespetuosas y desobligantes”.
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Y es que, el ministro de Salud encargado, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, desmintió lo advertido por el Ministerio Público e indicó que durante mesas técnicas en agosto y septiembre de 2023 se concluyó que “no hay evidencia sobre insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”.
Pese a que el ministro encargado aseguró que no hay un riesgo financiero inminente en el sistema de salud del país y que las acusaciones de la Procuraduría carecen de sustento técnico, financiero y jurídico, el ente de control disciplinario le volvió a responder:
“Bajo ningún punto de vista se pueden aceptar las afirmaciones irrespetuosas y desobligantes, por parte del jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, señor Rodolfo Enrique Salas Figueroa, contra este organismo de control. Nuestras funciones constitucionales y legales nos obligan a velar por los intereses generales y defender los derechos fundamentales como es la salud de los colombianos”, señala la procuradora delegada en la misiva.
Y agrega: “Decir que las “aseveraciones carecen de sustento técnico, financiero y jurídico”, es desconocer todos los estudios técnicos, financieros y jurídicos de diferentes gremios, de centros de estudios económicos, de la academia, de las EPS, de expertos, organismos técnicos, además de las manifestaciones de Asociaciones de pacientes, usuarios y sociedad en general que se han pronunciado sobre la crisis que afecta al sector”.
El Ministerio Público reiteró que sí se encontraron insuficientes recursos en el sistema de salud colombiano: “En los múltiples requerimientos que se le han realizado al Ministerio de Salud y Protección Social, se han tenido en cuenta los diferentes estudios académicos y financieros, ya que son muchas las agremiaciones, asociaciones, sociedades científicas y demás actores, que demuestran la insuficiencia de los recursos del sistema de salud, tanto en la UPC del régimen contributivo como del subsidiado, así como de la falta de pago de presupuestos máximos y los ajustes”.
Así las cosas, la Procuraduría dio un plazo de dos días al Ministerio de Salud para que remita toda la información requerida acerca de las deudas que se tienen con las EPS.
De igual manera, el Ministerio de Salud deberá realizar los pagos de las deudas correspondientes a Presupuestos Máximos y ajustes, así como adelantar los trámites para garantizar la suficiencia de la UPC en 2024.
A continuación, la carta de la Procuraduría al Ministerio de Salud completa:
Dentro de las peticiones que hizo la Procuraduría al Ministerio de Salud para garantizar el derecho de los colombianos al acceso a servicios de salud, la entidad requirió la programación para la realización de las mesas técnicas y participativas que tiene como objeto la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la UPC en 2024.
Lo anterior, pues se desconoce la información y metodología reportada por las aseguradoras para el debido cálculo de este presupuesto.
De acuerdo con el ministro de Salud encargado, las afirmaciones de la Procuraduría generan un “prejuzgamiento irresponsable”, basado únicamente en cifras proporcionadas por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), “agremiación que representa intereses de carácter particular, y no en fuentes institucionales y oficiales”.