“Estamos plenamente de acuerdo con la modernización de su estructura, pero no con la privatización de los espacios públicos bajo el argumento de la “inversión” privada en la ciudad, cuando la ganancia está excesivamente a favor de los inversores, como en este caso”, es como inicia la concejala Heidy Sánchez en su publicación en redes sociales.
“El pasado mes de septiembre, la alcaldesa Claudia López anunció con bombos y platillos que estaba listo el proyecto de remodelación y transformación de la Unidad Deportiva El Campín de la ciudad de Bogotá. Este proyecto se desarrollará a lo largo de 167.000 metros cuadrados, contará con nueve unidades funcionales con objetivos distintos y explotaciones económicas diferenciales”, relata la Concejala.
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Inicialmente, su video comienza con una descripción breve de lo que sería dicha remodelación, desde un área para la Filarmónica de Bogotá y un gran parqueadero subterráneo.
Según su video, estas adaptaciones será una alianza público-privado, donde todo el coste inicial, 1.05 billones de pesos, serán aportados desde el sector privado, además de asumir un mantenimiento de 1.35 billones pesos.
“Este proceso se cerrará el próximo 28 de diciembre y según se nos informa de manera extraoficial, siguiendo la lógica de las herencias público-privadas, el mismo estructurador del proyecto, será proponente y quedará con él, es decir: El complejo Cultural y deportivo El Campín S.A.S. Y el proceso de adjudicación será el 29 de, a tan solo dos días de que culmine la administración de Claudia López”, sostiene Sánchez.
Teniendo en cuenta dicho contexto, un conflicto legal emerge en torno al terreno donado en 1937 por Leonilde Camacho y Luis Camacho Matiz a través de la Escritura Pública número 3335 del 9 de diciembre de ese año, se estableció claramente que el área debía destinarse exclusivamente para la construcción de un estadio y sus dependencias, dicha área es en donde actualmente se encuentra el Estadio el Campín.
Sin embargo, recientes acciones de la alcaldesa Claudia López, buscan cambiar la voluntad de los donantes, lo que argumenta la concejal Sánchez podría constituir un incumplimiento del artículo 61 de la Constitución Política. El artículo en cuestión establece que el destino de donaciones para fines de interés social no puede ser variado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca, lo cual no ha ocurrido en este caso.
Javier Orlando Suárez Alonso, subdirector de Parque, presentó una solicitud en agosto de 2022 para modificar el Plan de Regularización y Manejo de la Unidad Deportiva del Campín. Su propuesta buscaba cambiar el área del club de tenis por un espacio dedicado al comercio y la publicidad. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada en la resolución 1229 del año 2023, manteniendo los usos contemplados en resoluciones anteriores que prohíben el comercio a escala metropolitana.
La resolución 1229 afecta directamente la propuesta inicial de la Unidad Funcional 7 y la Unidad Funcional 8, destinadas únicamente para actividades comerciales.Esta disputa destaca la tensión entre intereses públicos y privados, así como la interpretación de las obligaciones legales vinculadas a donaciones de tierras con propósitos específicos.
Como si fuera poco, en el número 4.9 del contrato en cuestión, según indica Sánchez, se establece una distribución de contratación para el Instituto de Recreación y Deportes en donde se propone un componente monetario del 1% de los ingresos públicos, junto con beneficios no monetarios como derechos de oficinas, parqueaderos y un pago para el IRD. Además, se menciona que, sumando diversos beneficios para el distrito, se alcanzaría una ganancia del 2% de los ingresos públicos.
El análisis que hace Sánchez, revela un aumento anual del 10% en los ingresos por aprovechamiento y espectáculos públicos, mientras que el mantenimiento supera el 40%. Proyectando estos datos a los 29 años y 2 meses de duración de la alianza público-privada, se estima que solo el usufructo del estadio El Campín generaría ganancias de 2,45 millones de pesos, recuperando así la inversión privada.
No obstante, surge una serie de interrogantes al examinar los detalles del proyecto: un parqueadero subterráneo con amplia capacidad y diversas unidades funcionales, incluyendo zonas de gasto, entretenimiento y emprendimiento, plantea dudas sobre la adecuación a normativas y la voluntad de la familia donante del terreno.
Se señala que la APP (Alianza Público-Privada), en su formulación actual, parece transgredir la voluntad de la familia donante, incumplir normas de regulación y manejo de usos del suelo según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que fue firmado por la alcaldesa Claudia López. Además, se sugiere que podría implicar un conjunto de artimañas administrativas para permitir al operador privado una ganancia significativa durante más de 29 años de uso de área pública.