El Consejo Nacional de Estupefacientes determinó la reasignación de $215.335 millones provenientes de bienes decomisados del narcotráfico para financiar la Política Nacional de Drogas en 2024.
De estos fondos, el 69% será destinado al desarrollo de comunidades rurales afectadas por conflictos relacionados con la producción de coca, conocido como el componente “oxígeno”; mientras que el 31% restante se enfocará en medidas de “asfixia” para la erradicación de los altos eslabones del narcotráfico.
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La distribución de los recursos se realiza de manera estratégica entre varios ministerios y entidades. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será el mayor beneficiado, con $85.640 millones asignados, marcando la primera asignación de fondos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para este sector.
Otros ministerios como Defensa, Justicia, Salud, así como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, también recibirán porciones de este presupuesto destinadas tanto a la seguridad como al desarrollo social y la rehabilitación en zonas de conflicto.
De acuerdo con la Directora Política de Drogas Ministerio de Justicia y del Derecho, Gloria Miranda, durante años pasados el 70% de los recursos provenientes de extinción de dominio referente al narcotráfico eran invertidos en factores militares, pero ahora se continuará con ese enfoque centrándose en regiones que históricamente han sido marginadas y han sufrido con la presencia de cultivos ilícitos.
Desde el ministerio de Justicia resaltaron en una comunicación escrita que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE), que administra el Frisco, se encargará de la gestión de estos recursos centrados en mejorar diversas áreas, incluyendo el sector judicial, la Fiscalía General de la Nación y el desarrollo de políticas contra el crimen organizado. El presupuesto destinará, entre otros, un 25% a la Rama Judicial y otro 25% a la Fiscalía, mientras que un 35% quedará en manos del Gobierno Nacional para distribuirlo priorizando la reparación de las víctimas.
El presupuesto aprobado, que prevé cambios significativos respecto a las cifras del año anterior, operará bajo una asignación global de 612.490 millones de pesos en gastos, que junto a la disponibilidad final, representan un incremento del 16,93% con relación al presupuesto del año 2023.
Desde la cartera dirigida por el ministro Néstor Osuna resaltaron en una comunicación escrita que este aumento señala no solo una recuperación de cargas fiscales previas sino también un compromiso de inversión continuada en el mejoramiento de las áreas clave.
La aprobación de esta reasignación contó con el apoyo de ocho de los nueve miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, incluyendo votos de la Fiscalía General de la Nación, varios ministerios gubernamentales y la Policía Nacional. Solo la Procuraduría se abstuvo de votar.
Cabe resaltar que la Política Nacional de Drogas 2023-2033 que aparece en la página de la presidencia se resalta que para el año 2026 se plante una reducción del 43% de los cultivos ilícitos en el país, además de atacar las causas estructurales del narcotráfico y sus efectos ambientales.
“Como nación requerimos de una política de drogas que permita al país vivir en paz, situando a los seres humanos y al medio ambiente en el centro de las acciones del Estado”, se resalta en la página oficial de la presidencia de la República.