En la mañana de este miércoles 13 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación emitió una serie de advertencias sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio para la prestación del servicio de vigilancia electrónica.
Según indicó el ente de control, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) está en el centro de la controversia, acusada de violar principios fundamentales de contratación estatal, incluyendo la selección objetiva y la pluralidad de oferentes.
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“A pocos días de que se adjudique la licitación para la prestación del servicio de vigilancia electrónica de las personas privados de la libertad, la Procuraduría advierte de situaciones que podrían contrariar los principios de la contratación estatal y pide explicaciones a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- Uspec- sobre el cambio de criterios para ítems que ya estaban definidos”, señaló el Ministerio público en un comunicado.
Según indicó la Procuraduría, la Uspec hizo una modificación de una adenda al proceso licitatorio que fue denunciada por dos empresas vinculadas a la licitación, donde se alega que se alteraron los incentivos destinados a la industria nacional y la asignación de puntajes. Para el ente de control, estos cambios estarían relacionados con el favorecimiento de una de las compañías que hacen parte del proceso.
“Se evidencia que se expidió la adenda en la cual la Uspec decide modificar, los estudios del sector y el pliego de condiciones asignándole puntaje a “los proponentes cuyos dispositivos electrónicos y/o solución tecnológica de hardware de rastreo y/o seguimiento GPS y/o vigilancia y/o vigilancia electrónica se produzcan en Colombia de conformidad con el decreto 816 de 2003 y 680 de 2021″ y no a la oferta de talento humano”, advirtió la Procuraduría.
Las alteraciones a las condiciones estarían violentando uno de los términos de la contratación estatal, que pedía a los oferentes que el 40% de los empleados y contratistas del proyecto fueran nacionales. Sin embargo, la entidad a cargo de la seguridad de los reclusos en Colombia habría dado prioridad a otros aspectos, dando prioridad a una empresa específica.
“Sin embargo, ante la observación exclusiva de una de las firmas interesadas sobre si en vez de ponderar la contratación de personal y servicios locales, era posible dar el puntaje a la fabricación de los equipos en Colombia, la Uspec respondió que sí, cambiando notoriamente las condiciones de evaluación de las ofertas”, denunció la vocera de una de las empresas oferentes en diálogo con El Tiempo.
Por su parte, la Procuraduría mostró particular preocupación por la falta de justificación por parte de la Uspec respecto a las modificaciones realizadas en los criterios de asignación de puntaje. El Ministerio público destacó que estas acciones podrían constituir una violación del principio de selección objetiva y la pluralidad de oferentes, y ha anunciado observaciones técnicas, jurídicas y financieras.
“El Ministerio Público le ha manifestado a la Uspec la importancia de adjudicar el contrato a través de una selección objetiva en cumplimiento de los principios de la contratación estatal y los riesgos de declarar una nueva urgencia manifiesta que ha sido el mecanismo utilizado para contratar al mismo operador que rige desde 2021″, señala el comunicado
Ante estas acusaciones, la directora encargada de la unidad, Carmen Simijaca, deberá responder ante la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia de la Función Pública para brindar explicaciones sobre los acontecimientos.
Lo cierto es que la Uspec deberá entregar las justificaciones correspondientes antes del 22 de diciembre, día en el que se adjudicará el contrato por $113.116.982.400 para garantizar la vigilancia de la población privada de la libertad bajo la modalidad de casa por cárcel.