A último momento, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) modificó las condiciones de un millonario contrato que tenía como fin permitir la compra de brazaletes electrónicos de vigilancia para presos.
La información fue obtenida en una investigación del periódico El Tiempo a finales de noviembre de 2023, en la que fueron revelados los nombres de dos empresas que mostraron interés en la concesión de estos implementos que se consideran necesarios para la seguridad en los centros de reclusión.
El contrato fue adjudicado por valor de 113 mil millones de pesos para el monitoreo, a través de dispositivos GPS para aproximadamente 5.500 condenados. Este sistema permite rastrear en tiempo real la ubicación de quienes han sido beneficiados con la medida de prisión domiciliaria o para aquellos que se encuentran ingresados en clínicas.
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La Procuraduría General de la Nación ha instado a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a detener la adjudicación directa de contratos bajo la modalidad de urgencia manifiesta, un procedimiento que por ejemplo ha utilizado previamente la Cancillería en la emisión de pasaportes. La entidad de control exige la realización de una licitación pública que cumpla con los estándares de transparencia y legalidad.
Una licitación prevista para noviembre de 2021 fue pospuesta debido a problemas con los estudios de mercado, lo que llevó a un retraso y a la generación de un nuevo contrato con similares términos hasta abril de 2022. Este servicio fue posteriormente extendido por cuestiones presupuestarias.
Dos de los interesados en el proceso administrativo han comunicado al diario citado y a la Procuraduría General de la Nación que las condiciones de asignación de puntaje habrían sido modificadas. Esta situación podría afectar la transparencia y equidad del procedimiento en curso.
“En la más reciente respuesta de la Uspec a las observaciones formuladas por las empresas interesadas, sorpresivamente y sin justificación alguna en el estudio realizado, cambiaron las condiciones de asignación de puntaje buscando beneficiar a otro interesado”, comentó la representante de una las compañías, quien solicitó anonimato para proteger su identidad.
Cambio de planes no previsto
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) envió un comunicado oficial a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tras conocerse la denuncia del medio de comunicación antes mencionado.
El Inpec describe cambios considerables no previstos en el tema denunciado.
El comunicado fue enviado directamente a la subdirección de servicios de bienes de la Uspec en cabeza de Tatiana Buitrago.
Entretanto, la Procuraduría emitió una carta en la que expresó que se le ha pedido a la Uspec brindar la información necesaria sobre los cambios en la contratación de 6.000 brazaletes electrónicos.
La Uspec estaba obligada a justificar la modificación administrativa ante la Procuraduría General de la Nación el 1 de diciembre de 2023, según detalla un documento oficial. La procuradora delegada segunda, Claudia Hernández, había estipulado dicha fecha como límite para la vigilancia preventiva de la función pública.
El Tiempo también informó sobre una queja formal será interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación por parte de al menos un oferente en el proceso de licitación, en la cual se señala que los pliegos favorecieron presuntamente a la empresa Desarrollo e Integración de Tecnología y Comunicaciones S.A.S. (Deinteko). La única compañía en contar con la certificación Vuce en el país estaría en ventaja para la obtención de un contrato de fabricación de brazaletes electrónicos.