En medio de las críticas que ha recibido el presidente Gustavo Petro, y de que reafirmara su decisión de no entregar licitaciones públicas con un único oferente, vuelven a la escena pública algunos recuerdos y críticas en torno a sus prácticas de contratación, especialmente durante su tiempo como alcalde de Bogotá.
La polémica vuelve a despertarse, después de que se destapara un escándalo relacionado con la licitación de pasaportes y que implicó la renuncia de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, por una presunta reunión con algunos interesados en adjudicarse el contrato por 599.000 millones de pesos.
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Sin embargo, las palabras del primer mandatario de garantizar la competencia para quedarse con el dinero del Estado, serían contrarias a su gestión como alcalde de la capital entre 2012 y 2015, donde casi el 90% de la contratación se realizó de manera directa, según cifras divulgadas por el entonces concejal Javier Palacio Mejía. Este reveló un aumento progresivo en la contratación directa a lo largo de los años, generando cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de contratación.
De hecho, el hoy presidente fue citado a un debate de control político en el Concejo de Bogotá en 2015, donde Palacio Mejía detalló cómo la contratación directa en el distrito experimentó un incremento notorio durante los 44 meses de la gestión de Petro. Según los datos proporcionados en ese momento, entre el 79% y el 87% fue el porcentaje de contratos adjudicados a un solo oferente, con un repunte de 89.39% al cerrar el 2015.
“De 22.306 contratos celebrados entre el 1 de enero de 2012 y el15 de septiembre de 2015, según cifras suministradas por el propio distrito, 18.522 han sido directos o a dedo, lo que representa, que en 44 meses y 15 días de la administración de Gustavo Petro, la contratación sin ningún proceso de selección fue del 83.30 %, cifra nunca antes vista en la contratación del distrito en toda su historia reciente”, señaló en su momento Palacio Mejía.
Incluso, el personero distrital designado para ese momento, Ricardo Cañón, aseguró que uno de los ejemplos más claros de la contratación a dedo sería el de la recolección de basuras, que se vio enfrentada a duras críticas en el país ante la crisis ambiental que se generó por varios días.
Según cuestionó Palacio Mejía en ese momento, otorgar contratos directos a entidades específicas era una forma de “conejo” hacia la Ley 80, normativa que rige el proceso de contratación estatal. “Vengo hace rato diciendo que la ley 80 en esta administración no pegó, las burlas al manual de contratación estatal se volvieron una práctica sistemática de todas las entidades del distrito y las licitaciones públicas son una especie en vía de extinción”, comentó el exconcejal.
Y es que precisamente la decisión de prohibir las licitaciones con un solo oferente en Colombia, ha generado discusión entre expertos en derecho administrativo. Pese a su anuncio, especialistas indican que la Ley 80, normativa que regula la contratación pública en el país, no impide este tipo de adjudicaciones.
En detalle, David Suárez Tamayo, especialista en derecho administrativo, explicó en diálogo con Bluradio que aunque la preferencia es seleccionar contratistas a través de licitaciones públicas, la ley no excluye la adjudicación a un único proponente que satisfaga los criterios del pliego de condiciones.
Además, mencionó el caso reciente del Metro de Bogotá, adjudicado a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), como ejemplo de licitación con un solo oferente. De hecho, el especialista señaló que Gustavo Petro podría estar violando la normativa vigente, que podrían acarrearle posibles consecuencias legales.
“El presidente está excediendo sus competencias. No lo podría hacer ni siquiera a través de un decreto, de un decreto reglamentario, mucho menos a través de un anuncio público. Está dando una instrucción contraria a la ley”, comentó Suárez.
Por su parte, Jaime Orlando Santofimio, exmagistrado del Consejo de Estado y experto en la materia, respaldó la legalidad de adjudicar licitaciones con un único oferente, refutando la postura presidencial. Remarcó que cumplir con los requisitos es suficiente para ser considerado en un proceso de contratación, haciendo énfasis en la seguridad jurídica y la obligatoriedad de acatar las leyes frente a órdenes que resulten contrarias al ordenamiento jurídico.