Karen Abudinen, que hasta el 9 de septiembre de 2021 fue ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) rompió su silencio y el jueves 30 de noviembre de 2023 se refirió al escándalo que marcó su paso por el gabinete del expresidente Iván Duque: el de Centros Poblados y la entrega de un anticipo de $70.000 millones a una unión temporal creada por el condenado contratista Emilio Tapia.
Abudinen, que presentó el libro en el que explica su visión de los acontecimientos y su gestión, detalló por qué tomó la decisión de otorgar el polémico contrato del orden de 1,07 billones de pesos, el cual tenía por objeto la instalación del servicio de internet a 7.000 escuelas rurales del país, a través del contrato 1043 de 2020, a través de la Unión Temporal Centros Poblados.
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En diálogo con Blu Radio, la exfuncionaria explicó que la determinación de otorgar el contrato a dicho consorcio estuvo basada en el cumplimiento de todas las exigencias legales, a pesar de las advertencias previas. Asimismo, sostuvo que se protegió un billón de pesos al caducar el contrato a los cuatro meses de su adjudicación, ante las denuncias sobre posibles hechos de corrupción.
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Del mismo modo, la exministra TIC defendió las acciones adelantadas desde el ministerio y argumentó que siguieron los procedimientos legales requeridos y que al caducar el contrato se evitó una mayor pérdida de fondos públicos.
“A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces, lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino que era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 (millones) están en manos de los criminales”, agregó al citado medio.
El impacto del escándalo y críticas a la exministra
Karen Abudinen mencionó que en el libro, ¿Dónde están los $70.000 millones?, también relató el impacto negativo en su familia y reputación debido a la difusión de información y críticas en redes sociales. Según su versión, hay una necesidad de reflexionar sobre la Ley 80 y cómo el manejo de información en redes sociales afectó su vida personal y la gestión del ministerio.
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En su defensa, también alegó en que la ley la obligaba a adjudicar el contrato al consorcio de Centros Poblados, ya que cumplieron “con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros”. Por ello, la exministra invitó a que se adelante un debate nacional para revisar las potenciales mejoras a la legislación y que se dejen de condenar socialmente personas sin tener pruebas en su contra.
“Yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba”, sostuvo Abudinen, que resaltó importancia de seguir el debido proceso a los involucrados en el escándalo. Como Emilio Tapia, y quien sería su socio, Luis Fernando Duque, que fueron los que orquestaron el plan con el que se les adjudicó el contrato 1043 de 2020, objeto de controversia.
Tras el lanzamiento del polémico libro, la periodista que denunció el escándalo, Paola Herrera, de W Radio, manifestó que era una burla que una editorial se haya prestado, según ella, para que “sea una de las victimarias la que termine contando dizque la “verdad de la historia”. Al punto que reiteró sus denuncias sobre presuntas irregularidades, con asesoras que no cumplían sus funciones y sí cobraban sueldo.
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En lo que respecta a este caso, el lunes 10 de julio se confirmó condena de 48 meses (cuatro años) de prisión a Juan José Laverde, por su responsabilidad en este entramado de corrupción. El hombre se acogió a un principio de oportunidad ante la Fiscalía, fue sentenciado al ser hallado culpable de falsedad en documento privado y fraude procesal, por parte de la jueza 40 de Conocimiento de Bogotá.