
Después de que se hicieran públicas las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en audiencia privada ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en las que salpicó al expresidente Álvaro Uribe Vélez de tener conocimiento de la masacre en El Aro, Mancuso interpuso una tutela por presuntas amenazas de muerte contra su vida.
Ante las denuncias del exfeje paramilitar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exigió la adopción de medidas de protección inmediatas Mancuso, ante las advertencias que estarían relacionadas con la filtración de sus testimonios en audiencias reservadas.
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La JEP, con el fin de preservar la seguridad de Mancuso y la confidencialidad de lo declarado, ha advertido sobre las posibles repercusiones legales y disciplinarias ante la divulgación de la información a la que funcionarios tuvieron acceso.
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En el auto firmado por la magistrada Gloria Amparo Rodríguez, se le solicitó de forma urgente la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (Sudsj) la implementación de protocolos especiales que garanticen el resguardo de dicha información y los derechos procesales del implicado, luego de que Mancuso solicitara que se protegiera su integridad y la de sus allegados y nunca recibiera respuesta.

“Finalmente, expuso que, el 11 de septiembre del año en curso, solicitó medidas de seguridad y protección ante la Sub sala Especial E de la Sdsj y el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA, en favor suyo, de su equipo de defensa y de su familia, debido a las amenazas de las que han sido víctimas como consecuencia de su participación en la JEP. Sin embargo, aseveró que, a la fecha, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud”, se lee en el documento.
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Por su parte, Salvatore Mancuso manifestó que, desde el inicio de su colaboración con la verdad en la JEP, las amenazas contra su vida y la de su círculo cercano se han intensificado, mientras que la la magistrada hizo un énfasis especial en la confidencialidad de la información.
La JEP instruyó medidas para garantizar el debido proceso, incluyendo la salvaguarda de la confidencialidad de las audiencias celebradas en mayo. De hecho, pidió que se le notifique a todos los funcionarios que tuvieron acceso a la información de las audiencias, que podrían ser investigados para determinar de dónde provino la fuga.
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Asimismo, la magistrada Rodríguez solicitó que se remita toda la información respecto a las denuncias de Mancuso, además de informar cuáles fueron las medidas adoptadas para evitar un posible ataque contra la defensa y familia del exfeje paramilitar.

“Para que suministren a este despacho toda la documentación relacionada con los hechos señalados en la solicitud de amparo constitucional, las actuaciones, medidas o decisiones de fondo que se hubieren adoptado, así como las respectivas constancias de envío y notificación personal, si las hubiere”, señala el auto proferido por la JEP.
Como medida final, la Jurisdicción Especial pidió que la documentación en la que reposan reposa el caso de Salvatore Mancuso sea tratado con toda discreción, además de limitar el acceso a dicha información a personas específicas.
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“Disponga la reserva absoluta de todos los documentos y archivos de audio y video que contengan la información que ha de ser ampliada o entregada por Salvatore Mancuso Gómez en el marco del proceso de sometimiento que se surte ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En consecuencia, durante el trámite de la presente acción constitucional, solo podrán acceder a dichos documentos, los magistrados o magistradas a quienes hubiere correspondido - por reparto - el conocimiento del respectivo procedimiento”, concluye el auto de 16 páginas.
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