Hace una semana, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, anunció que la tregua entre los Shottas y los Espartanos, en Buenaventura, se extenderá hasta el 4 de febrero de 2024.
Con esto, no solo se busca avanzar en las negociaciones entre ambos grupos, que tienen una pelea cazada a muerte, sino que los habitantes del puerto del Pacífico pasen sus fiestas de fin de año en paz y tranquilidad.
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No obstante, según reveló el diario El Tiempo, solo pasaron 24 horas desde que se firmó la extensión de la tregua para que el vocero de uno de los dos grupos recibiera un atentado en zona urbana del municipio.
Aquella fue solo una muestra de que por más de que exista una tregua, los ataques y asesinatos selectivos se siguen presentando en Buenaventura, aunque con una proporción mucho menor a la de años anteriores.
Además, como lo dijo el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, que se ha encargado de coordinar el proceso junto con el Gobierno nacional, a principio de año el pacto entre las bandas “se descarriló” y por eso fue necesario establecer un nuevo compromiso en julio pasado.
De acuerdo con cifras de la secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, recogidas por El Tiempo, entre enero y el 27 de octubre del presente año se contaron 99 homicidios en Buenaventura. Pero según el Instituto Nacional de Medicina Legal, la cifra aumenta a 110 en el mismo periodo de tiempo.
Así mismo, la Gobernación del departamento indica que hasta el 31 de agosto en el municipio se contaron 84 asesinatos. En las cifras del monseñor Jaramillo, en octubre hubo 11 homicidios y hasta el 9 de noviembre había tres.
De todas formas, para el monseñor hay un avance, puesto que ya no se experimenta la misma violencia en las calles de años anteriores, pese a que siguen los asesinatos selectivos. “Antes, a la 5 de la tarde, la gente no salía y ahora sí lo hace. Lo que sucede es que hay muertes selectivas”, le dijo a El Tiempo.
Para Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, esto demuestra la debilidad de lo que él llama gobernanza criminal, que es el poder ejercido por bandas criminales, pero que no está sometido a ningún tipo de escrutinio.
“Pueden firmar pactos, pueden hablar de compromisos, pero es muy difícil que esos compromisos se lleven a la práctica porque no hay manera de monitorearlos”, le explicó el académico a Infobae Colombia.
El Gobierno nacional, a través del comisionado de Paz, estableció a partir del 10 de noviembre un mecanismo para monitorear la tregua en el que los ciudadanos serán claves para informar si las dos bandas violan o respetan lo acordado. Con eso no solo se espera que no vuelvan las balaceras en plena vía pública, sino que cesen los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas.
Pero para el profesor Jaramillo, será muy difícil establecer mecanismos de verificación con esos grupos, dado que no tienen estructuras claras.
“Por ejemplo, el cese al fuego del Gobierno y del ELN, o con el Estado Mayor, al ser organizaciones que de alguna manera tienen algo de reparo por la opinión pública y tienen una estructura clara, pues se pueden plantear y acordar mecanismos de verificación. En este caso no, porque estamos ante gobernanza criminal, que es este ejercicio del poder por parte de mafias, entonces es muy preocupante”, dijo el profesor Jaramillo.
El Gobierno nacional también propuso un diálogo metodológico, en el que se tratará de identificar las causas de la violencia urbana y contrarrestar las prácticas de la economía ilegal, como el narcotráfico y las extorsiones.
Jaramillo indicó que en Buenaventura persiste un problema estructural “que viene de años” debido a la ausencia estatal, por lo cual existe “la urgencia de empezar a discutir cosas como darles a estos jóvenes unas oportunidades para que salgan de la delincuencia”.