Cada vez son más frecuentes los hallazgos de obras inconclusas en Colombia, o también llamados ‘elefantes blancos’, los cuales después de un año del término legal para su liquidación, se encuentran en estado crítico y no han sido entregados a la ciudadanía.
Un nuevo caso fue hallado a dos horas en lancha desde Leticia, en el municipio de Puerto Nariño (Amazonas) donde la Procuraduría General de la Nación encontró que hace al menos 15 años existe un sistema de distribución de energía eléctrica para abastecer a sus habitantes.
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Este sistema es tan robusto, que las casas cuentan con todos los electrodomésticos y hasta con servicios de televisión e internet satelital.
Hasta ahí todo normal, de no ser porque desde 2015 la Gobernación departamental ejecutó un proyecto financiado con regalías, por $30.000 millones, para proveer de energía eléctrica a ese y otros dos municipios por medio de energía solar (celdas fotovoltaicas).
En su momento el proyecto se presentó al OCAD Región Centro Sur como la solución a una necesidad urgente de esas comunidades, pero ocho años después no ha empezado a funcionar.
De acuerdo con el Ministerio Público, el proyecto está desactualizado, parte de la infraestructura instalada se deteriora rápidamente por vandalismo, la humedad, el sol y es considerado inservible.
En terreno, el equipo de la Procuraduría delegada para el Seguimiento a Regalías encontró, entre otras irregularidades, la planta eléctrica quemada; decenas de baterías para almacenar la energía solar que nunca entraron en funcionamiento, dañadas por la inactividad y el clima, al punto de que sería necesario solicitar una adición presupuestal para actualizarlas.
Según el concepto del ingeniero experto que acompañó la misión del Ministerio Público, “esos sistemas fotovoltaicos ya no tienen razón de ser. Los sistemas de ahora deben hacerse con energía eólica. Según el criterio técnico, un sistema fotovoltaico tiene el 19 % de calidad frente a los sistemas tradicionales de energía”, se asegura en un informe de visita presentado al despacho de la procuradora Margarita Cabello Blanco.
En la revisión documental y de procedimientos durante el proceso contractual, la Procuraduría encontró que nunca se definieron los predios donde se construiría la infraestructura, lo que implicó la actualización de los estudios y diseños, generándose retrasos significativos.
El equipo concluyó que el proyecto, cuyo avance físico está en 68,74% y el financiero en 81,26%, se encuentra en estado crítico por razones jurídicas, técnicas y relacionadas con la sostenibilidad.
Con la información recaudada, el procurador delgado, John Harvey Pinzón, presentó un documento al despacho de la procuradora General, para que se evalúe la apertura de acciones preventivas o disciplinarias a que haya lugar para resolver esta situación.
Por su parte, la Contraloría de la República, ente de control fiscal, ha identificado una preocupante cantidad de obras inconclusas y proyectos críticos en todo el país.
Desde julio de 2023, se han encontrado en todo el territorio nacional, unos 1.753 proyectos que se encuentran en la categoría de ‘elefantes blancos’, obras inconcluosas y/o proyectos críticos, por un valor total de $15.2 billones de pesos.
De esta suma, casi mil millones de pesos invertidos en proyectos de vivienda de interés social están sin terminar. Hasta septiembre de 2023, la Contraloría identificó 183 obras inconclusas que representan $838.951 millones.
Sorprendentemente, esta cifra representa casi la mitad de los recursos destinados al programa del Gobierno ‘Mi Casa Ya’ en 2023, que ascienden a $2,02 billones.
De este monto, 86 proyectos se catalogaron como ‘elefantes blancos’ sumando un total de $586.244 millones, mientras que otros 97 proyectos se consideran críticos, con un valor de $302.707 millones.