Luego de la propuesta del jefe de las disidencias de las Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco, acerca de que se impida el ingreso de las Fuerzas Militares a zonas del país y que sean las guardas indígenas, campesinas y cimarronas que garanticen la seguridad, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se pronunció.
La titular del Ministerio Público rechazó la solicitud de jefe del grupo armado ilegal y recalcó que es potestad exclusiva de la fuerza pública garantizar el orden público en el territorio nacional, pues en su concepto no pueden existir zonas vedadas para el accionar de los miembros del Ejército y la Policía; más aún, de cara a los comicios del 29 de octubre de 2023.
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El pronunciamiento de Cabello Blanco se registró tras la misiva emitida el domingo 22 de octubre, en las que el Estado Mayor Central (EMC), como se denomina esta estructura disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), proponía implementar este sistema en poblaciones como El Tambo, Argelia y López de Micay, en el Cauca.
“Las guardias campesinas y cimarronas, en coordinación con las instituciones, hagan el control y presencia en los puntos de votación. Los puntos de votación de: Nayita, Betania, San Juan de Micay y Huisitó por estar en zonas de Consejo Comunitario y tener títulos colectivos estarán a cargo de las Guardias Cimarronas y Campesinas en coordinación con las instituciones”, se mencionó en un comunicado.
Y luego de reunirse con el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assís; el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, al igual que altos mandos militares y de policía. Allí se dispusieron las medidas que se adelantarán de cara a la contienda electoral en los 32 departamentos y el distrito capital.
Rechazaron presiones de disidentes a la población
En esta reunión, la procuradora recalcó los hechos de constreñimiento electoral, que de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), han aumentado en un 100% en los últimos cuatro meses. Al pronunciamiento de Cabello se sumó el de los comandantes de las FF. MM. y la fuerza policial, quienes también repudiaron la proposición y reiteraron el compromiso de garantizar la seguridad y el orden público.
Y se pronunció con respecto a lo que sucedería en la vereda El Plateado del municipio de Argelia (Cauca), en donde el EMC no permite el ingreso a la zona de efectivos militares y ejercen control acerca de quienes se movilizan por esta zona del departamento del occidente colombiano.
Allí, en esa zona, los comandantes afirmaron que llevan a cabo una operación para retomar el control en territorios en los que tengan actuar las estructuras criminales; esto sin arriesgar la vida de la población civil, antes de que se efectúen los comicios en los que se escogerán mandatarios locales y seccionales.
Para tal fin, la Policía garantizó presencia en el 59,7% de las mesas habilitadas en toda Colombia, para lo cual destinará cerca de 79.000 efectivos. Además, hay 8.000 más, pertenecientes a los organismos judiciales, que investigarán delitos electorales, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (IUAF) y las FF. MM.
Del mismo modo, la Procuraduría confirmó que cuenta con 350 jueces y un sistema de información en tiempo real que permitirá al país conocer el protocolo en materia de seguridad que se aplicará en caso de que se registren disturbios antes, durante y después de los comicios.