El 5 de septiembre de 2023, el Gobierno nacional, a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), expidió la Resolución 1972, mediante la cual se exige la tarjeta de residencia permanente en San Andrés, Providencia y Santa Catalina para ejercer la actividad pesquera y acuícola.
Por lo anterior, tanto los pescadores artesanales como las empresas pesqueras de la Isla han manifestado su descontento, ya que la nueva norma los obliga a contratar solamente a residentes y raizales del archipiélago para sus faenas; argumentan que no hay personal calificado para las faenas más largas y rentables, pues este restringe la contratación de personal foráneo.
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“Esta es una respuesta del MinAgricultura y la Aunap al clamor de los pescadores artesanales raizales y al compromiso con la comunidad raizal, la seguridad alimentaria, el mejoramiento productivo de la pesca artesanal, la generación del empleo, el alivio de la pobreza y el mejoramiento de los ingresos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, resaltó Alan Javier Zumaqué Maza, director general de la Aunap.
De igual forma, otro aspecto que les preocupa se relaciona con que la misma restricción de contratación de extranjeros, para actividades tan específicas como lo es la pesca en faenas de hasta 60 días, pone en riesgo ingresos de al menos $9.000 millones de pesos al año y un promedio de 330 empleos directos e indirectos que se generan como resultado de esta actividad.
“El impacto es tan grande que inmediatamente las demás autoridades se enteraron de la medida la flota pesquera quedó para en el puerto de San Andrés, en la bahía de San Andrés ya listas, con su personal contratado, con patentes de pesca, con permisos al día por espacio de 20 días esperando a que esto se resolviera al menos temporalmente” indicó Frank Escalona, representante ante la junta departamental de pesca en San Andrés y Providencia.
De acuerdo con los pescadores comerciales, la resolución se determinó sin tener en cuenta que los pescadores raizales prefieren salir en faenas cortas de dos o tres días, pero no están capacitados o interesados en los viajes más largos y rentables de 25 a 60 días para llegar a los bancos de peces en el norte.
Por su parte, distintas asociaciones dicen haber hecho convocatorias, a través del Sena, “pero es casi imposible conseguir capitanes, buzos y tripulantes para faenas así de largas”. Para aquellos que se oponen a esta resolución, el limitar la contratación de personal para las embarcaciones generaría que el sector no solo se enfrente a una fuerte caída de los volúmenes de captura, sino también al descenso de los precios de compra al pescador.
Ante ese panorama, productores pesqueros piden al Gobierno nacional que se derogue la medida y que más bien se tengan en cuenta las implicaciones sociales y económicas que genera, procurando garantizar el bienestar de la actividad pesquera de la acuicultura; además de que se les permita seguir contratando personal capacitado e interesado sin importar que no sea del archipiélago.
“El departamento requiere de una política pesquera sostenible e inclusiva que considere los aspectos sociales, las características de los lugares de pesca, la dispersión y lejanía de los sitios de pesca, las tecnologías de captura, el acecho de las mafias de pesca ilegal, entre otras. Esta política la debemos construir entre todos los actores”, aseguró Escalona.
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