El hacinamiento que se registra en varias cárceles del país se ha convertido en una problemática para el Gobierno nacional. Las altas tasas de inseguridad en el país han generado que, ante la masiva interceptación de delincuentes, la fuerza pública ya no tenga dónde recluir a los criminales.
La situación se le estaría saliendo de las manos a las autoridades, que han visto cómo los presos continúan ejecutando sus operaciones delictivas incluso dentro de los centros penitenciarios. La fuerza pública tiene pleno conocimiento de ello, razón por la cual han endurecido los controles y los registros en cada una de las cárceles en el país.
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No obstante, la situación abarcaría soluciones a mayor escala y una de ellas la dio a conocer el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el congresista puso como ejemplo a El Salvador, en donde el presidente, Nayib Bukele, ha robustecido las operaciones de la fuerza pública en contra de los criminales.
Por tal motivo, el congresista manifestó que emular al país centroamericano, en donde se construirá una cárcel con capacidad para más de 40.000 criminales, representaría una solución ante el hacinamiento en las cárceles del país. La única modificación que le haría Hernández a un penal con las mismas características en Colombia sería la de añadirle un pabellón para políticos que se vean envueltos en hechos de corrupción.
Cabe resaltar que las palabras de Hernández fueron una respuesta a un cuestionamiento que dio a conocer Antonio Navarro Wolff en sus redes sociales. El exsenador preguntó abiertamente si los colombianos estarían de acuerdo con que en el país hubiera cárceles como en El Salvador.
Extorsiones, uno de los crímenes más frecuentes por los presos en el país
Cabe resaltar que los múltiples casos de hacinamiento que se registran en diferentes cárceles del país han resultado además en que los criminales cometan varios delitos dentro de los centros penitenciarios. Muestra de ello son cifras como las entregadas por la Procuraduría General de la Nación, organismo que señaló que para mediados de julio de 2023 se habían registrado 3.130 víctimas de extorsión perpetrada por reclusos en el país.
Fue el mismo procurador delegado Javier Sarmiento que hizo énfasis en dicha situación en aquella oportunidad, luego de solicitar al Ministerio de Justicia, así como al Ministerio TIC y algunas entidades de la fuerza pública, llevar a cabo estrategias que disminuyeran los casos relacionados con este delito.
Ante las cifras que se reportaban para ese momento, la Procuraduría General de la Nación solicitó un diagnóstico en cada una de las 126 cárceles en el territorio nacional para conocer el estado actual de los elementos tecnológicos con los cuales se realizan los controles de ingreso a los penales y, así mismo, se puedan establecer las respectivas necesidades de fortalecimiento.