Carbomax solicitó investigar libertad de empresario procesado por tentativa de extorsión

La empresa Carbomax de Colombia S.A.S. ha solicitado investigar la libertad del empresario Juan Carlos Gustavo Mejía Uribe, señalado de haber intentado extorsionar a la compañía por medio del grupo paramilitar Clan del Golfo. Según informó a El Tiempo el apoderado de la empresa, Jaime Granados, aunque un juez había ordenado que fuera enviado a la cárcel como medida de aseguramiento mientras se adelantan las investigaciones en su contra, quedó libre.

De acuerdo con el abogado, primero hubo demoras en el traslado del procesado a prisión: “Inexplicablemente, aunque la decisión del 13 de septiembre era de cumplimiento inmediato, para el 19 de septiembre no se había hecho efectiva”, explicó el abogado Granados al medio citado.

Luego, ese mismo 19 de septiembre, un juez ordenó que ya no se diera cumplimiento a la medida de aseguramiento en centro carcelario, sino que el procesado fuera dejado en libertad. Esto, sin que se llevara a cabo una audiencia pública en la que se diera la posibilidad de hacer un control popular de la decisión tomada, según denunció el abogado.

Así las cosas, la empresa, por medio del abogado, solicitará también que se investigue las demoras en el traslado de Mejía Uribe a la cárcel y la posterior decisión de dejarlo en libertad. Para ello, se interpondrán denuncias ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) y ante el Consejo Seccional de Disciplina Judicial, por medio de la cual se espera que se examine la decisión del juez.

De acuerdo con el abogado penalista, en este momento se adelanta un proceso penal en contra de Mejía Uribe por el delito de tentativa de extorsión agravada, por presuntamente haber exigido a la empresa Carbomax una suma millonaria; si no se pagaba ese monto, habría un ataque tipo militar para suspender las operaciones que lleva a cabo la compañía en la mina El Campano, ubicada en Puerto Libertador (Córdoba).

El hoy procesado se habría contactado con un cabecilla del Clan del Golfo, identificado como José Miguel De Moya Hernández, alias Chirimoya o alias Julián, para que por medio de él se hiciera la exigencia del dinero, equivalente a 2.000 millones de pesos. En ese sentido, el incumplimiento en el pago supondría el acarreo de acciones violentas por parte de dicha estructura armada en la mina.

El apoderado explicó al medio que esta presunta vinculación del empresario con el grupo armado “se minimizó” en la decisión de dejarlo en libertad. Además de que tampoco se tuvo en cuenta que Mejía Uribe ya había sido cobijado con una medida de detención domiciliaria, la cual fue revocada el 13 de septiembre porque no la respetó, de hecho hasta se le impuso un comparando de tránsito el 17 de febrero de 2023.

En 2022, el representante a la Cámara Alejandro Toro, señaló en X (antes Twitter) que el empresario sería propietario, junto con su hermano alias El Gato, de terrenos en los que se registraron masacres en 2020, razón por la cual también estaba bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos.