Presunto responsable del homicidio de un líder comunal en Risaralda fue enviado a la cárcel

El procesado fue imputado con cargos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego

José Vidal Castro Carvajal, alias Arretranco, habría asesinado atacado con un arma de fuego al líder comunal cuando salió de su casa - crédito Fiscalía General de la Nación/página web

En otro de los procesos de judicialización que viene llevando a cabo la Fiscalía General de la Nación (FGN) en contra de presuntos responsables de homicidios de líderes y lideresas sociales, un juez de control impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a José Vidal Castro Carvajal, alias Arretranco, señalado participar en el asesinato de un líder comunal en 2016.

De acuerdo con el ente acusador, el proceso habría llegado hasta inmediaciones de la vivienda de la víctima, identificada como Joaquín Emilio López López, para dispararle con un arma de fuego en el momento en que saliera de la casa. Los hechos se registraron en el municipio de La Celia (Risaralda), el 14 de julio de 2016.

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El líder comunal había sido elegido presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Eugenio de dicho municipio y, antes de ser asesinado, había denunciado conductas fuera de la ley que se estaban registrando en La Celia.

Por estos hechos, uniformados de la Policía Nacional dieron con su paradero y lo capturaron en el municipio de Ataco (Tolima). Ahora, siete años después del homicidio de López López, el presunto responsable del crimen fue judicializado.

La Fiscalía le imputó cargos al procesado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y, por orden del juez de control de garantías, deberá permanecer en prisión mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se resuelve su situación jurídica.

Implicados en el asesinato de defensora de derechos humanos y líder comunal, judicializados

María Elvia Gómez, defensora de derechos humanos, y Osvaldo Eliecer Bula, líder comunitario, fueron asesinados en 2022 - crédito Indepaz

En abril de 2022, la defensora de derechos humanos María Elvia Gómez de Gil fue asesinada el 30 de abril de 2022. Los hechos ocurrieron en su casa, ubicada en la vereda La Magdalena, en El Peñol (Antioquia), cuando tres hombres ingresaron para hurtar sus cosas. La víctima murió por estrangulamiento.

Gómez Alzate fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Magdalena y, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), se convirtió en la lideresa social número 64 en ser asesinada en 2022.

Por este crimen hay dos personas judicializadas: Keivi Loaiza Avendaño y Juan David López García, ambos imputados con cargos por los delitos de los delitos de homicidio agravado, y hurto calificado y agravado, añadiendo al primero de ellos fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Siete meses después del asesinato de la defensora de derechos humanos, en noviembre de 2022, el líder comunal Osvaldo Eliecer Bula fue asesinado, al parecer, por Antonio Javier Suárez Esquivel, alias Yolimo, un presunto integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.

Antonio Javier Suárez Esquivel, alias Yolimo fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones - crédito Fiscalía General de la Nación

Su asesinato se registró en Montería (Córdoba), el 5 de noviembre de 2022, fecha en que hombres armados le dispararon mientras se movilizaban en una motocicleta. Este hecho implicó que Bula pasara a engrosar la lista de líderes asesinados en Colombia para ese año, siendo entonces la víctima número 169 y la 1.396 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Por su asesinato también fue judicializado Carlos Alberto Navarro Carmona, alias el Gordo, que, al igual que alias Yolimo, fue imputado con cargos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Las cuatro personas implicadas en el homicidio de la defensora de derechos humanos y el líder comunal fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se investiga sus respectivas responsabilidades en los hechos.

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