El atentado sufrido por Marino Molina Cruz, miembro de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que a las 3:52 a. m. del miércoles 30 de agosto de 2023 salió ileso tras el ataque a tiros en el barrio San Rafael de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, ameritó una dura respuesta de Rodrigo Londoño, Timochenko, y del partido Comunes.
A través de su cuenta de X (Twitter), el director de esta colectividad le pidió al presidente de la República, Gustavo Petro, que garantice la seguridad de los desmovilizados de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su condición de firmantes del proceso de paz adelantado entre esta organización y el Estado, en septiembre de 2016.
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A su turno, el partido Comunes también se pronunció sobre el ataque a Molina Cruz, quien es beneficiario de la UNP e integró la mesa de negociaciones entre las Farc y el Gobierno, que se llevó a cabo en La Habana (Cuba). En el ataque, cabe destacar, sufrieron heridas sus escoltas, Flor Lozano y Uberley Mendoza, los cuales reciben atención médica prioritaria.
“Esta grave situación se suma al aumento de amenazas y hechos victimizantes contra la población firmante del acuerdo de paz, agudizada por el escenario de contienda electoral que vive el país y por la tardía acción de la UNP para tomar las medidas de seguridad necesarias que esto exige”, manifestó la colectividad.
Venían haciéndole “inteligencia” a Molina
Según la denuncia de Comunes, días antes al ataque, hombres que generaron sospecha llevaron a cabo actividades de inteligencia, tanto a Marino Molina como a su familia, en el lugar de residencia de este desmovilizado. Y destacaron que al momento del atentado, el hombre no contaba con la totalidad del esquema de seguridad asignado por la UNP.
Esto, debido a que el vehículo en el que se movilizaba de manera habitual se encontraba en un taller mecánico, sin ser usado en los últimos 10 días. El ataque se produjo en momentos en que el hombre se alistaba para desplazarse a Villavicencio (Meta).
Y, por último, en su pronunciamiento, Comunes exigió que se creen las condiciones reales para la reincorporación integral de quienes decidieron “hacer de la palabra nuestra única arma y con ella seguir construyendo la paz estable y duradera”.
Un llamado urgente debido al incremento de hechos violentos en el territorio nacional; pese a que, en el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta organización delictiva suscribió un cese bilateral al fuego en todo el país, como parte de los acuerdos parciales en la mesa de negociación.
De acuerdo con datos entregados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al corte del 8 de agosto, un total de 24 exguerrilleros que firmaron la paz habían sido asesinados en el país. Asimismo, desde el 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, han perdido la vida 380 excombatientes de las Farc.