En el acuerdo de aceptación de culpabilidad y colaboración con la justicia de Estados Unidos que suscribió el Grupo Aval ante la Corte del distrito de Maryland en el caso Criminal No. PJM-23-0262 contra Corficolombiana se menciona a un alto funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos que recibió un soborno de USD 3,4 millones y al que se refieren como Colombian Official 3.
José Elías Melo, expresidente de la financiera y el único condenado por el escándalo de Odebrecht en Colombia, advirtió en una entrevista que podrían ser, advirtiendo que no lo sabe a ciencia cierta, el mismo expresidente Santos o María Lorena Gutiérrez o el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Este último, en X (antes Twitter), negó que él sea el Colombian Official 3 y expuso por qué “es imposible” que él “sea el funcionario número tres, al que hace referencia el señor Jorge Elías Melo, que supuestamente habría recibido coimas por parte de Odebrecht”.
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Primero, hay que recordar qué fue lo que le dijo Melo a la revista Cambio, en la primera entrevista que ha dado luego de ser condenado a once años de prisión. Allí advirtió que “de acuerdo con lo que dice el texto de la SEC, el apoyo a la campaña política fue una contrapartida de soborno por la concesión de la adición del contrato Ocaña-Gamarra. Para que eso fuera lógico, la persona que recibió esa plata convenida con el señor Martorelli tenía que tener incidencia sobre la decisión del contrato y por supuesto sobre la campaña política”.
Enseguida anotó: “¿Quiénes estaban en el equipo del doctor Juan Manuel Santos en esas dos condiciones? Ustedes conocen mejor que yo ese tema. Probablemente, la doctora María Lorena Gutiérrez sí está mucho más familiarizada con esa capacidad de injerencia que pudiera tener esa persona. Yo no hacía parte del gobierno ni de la campaña política y no tenía injerencia alguna. Por lo tanto, no puedo saber quién es (…). Puede ser Juan Manuel Santos, puede ser Germán Vargas Lleras, puede ser María Lorena Gutiérrez, no sé. El testimonio del señor Martorellí, si es que existe, lo debe decir”.
La respuesta de Vargas Lleras
A este señalamiento, el exvicepresidente, en X (antes Twitter), comenzó su defensa diciendo que el contrato principal de la Ruta del Sol II fue adjudicado en 2010, antes de finalizar el gobierno de Álvaro Uribe, y que el otrosí Ocaña-Gamarra fue firmado el 6 de marzo de 2014, fecha para la que, según escribió, ya no hacía parte del gobierno de Santos, pues dejó el Ministerio de Vivienda el 17 de mayo de 2013 y que su regreso al Ejecutivo se dio luego de las elecciones como vicepresidente.
Después escribió que entre 2010 y 2013, estuvo enfrente del Ministerio de Interior y de Justicia (que eran uno solo, pues el expresidente Uribe los fusionó durante su mandato) y después en el Ministerio de Vivienda y que para la época en que se firmó el otrosí Ocaña-Gamarra “el sector de infraestructura” le “era ajeno”. Pero que cuando volvió al Ejecutivo, como vicepresidente, se le encargó este sector e inició tres procesos sancionatorios contra Odebrecht.
Enseguida explicó que la multinacional brasilera, ante los procesos sancionatorios que puso en marcha la Agencia Nacional de Infraestructura, interpuso dos demandas contra el Estado y que un tribunal de arbitramento decretó siete medidas cautelares en contra de la ANI impidiendo imponer sanciones y multas a Odebrecht, medidas que fueron apeladas, sin ningún efecto a favor del Estado, pues el tribunal las confirmó. Después, según el relato del exvicepresidente, se interpuso una acción de tutela, que el Consejo de Estado negó.
Vargas Lleras advirtió que esas medidas cautelares le ordenaban a la ANI “abstenerse de hacer pronunciamientos, juicios, imponer sanciones, multas o penalizaciones”. En su última publicación cerró su explicación diciendo que el contrato y el otrosí fueron declarados “objeto ilícito”.