En medio de la sesión plenaria del Senado adelantada durante el martes 22 de agosto, Jota Pe Hernández denunció que, además de existir un listado con presuntos beneficiados de ‘cupos para gasolina’, también habría congresistas beneficiados con el pago de peajes.
Ante esta afirmación, que generó una fuerte polémica entre los legisladores, Miguel Uribe Turbay mencionó los nombres que aparecen en dicha lista. Según él, son Iván Cepeda, Gloria Flórez y Piedad Córdoba, del Pacto Histórico; así como el de Humberto de la Calle, de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. También están Aida Qjuilcué y Jahel Quiroga.
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De paso, el opositor sostuvo que los cinco senadores del Partido Comunes los presuntos beneficiados con los ‘cupos’ para el pago de los combustibles. “Yo estoy de acuerdo con que me bajen el sueldo y con que modernicemos las posibilidades para tener la posibilidad de generar ingresos con nuestra profesión y oficio”, sostuvo Uribe durante su intervención.
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También defendió la iniciativa presentada por Jonathan Ferney Pulido (nombre de pila de Jota Pe) e incluso planteó la opción de reducir al máximo los honorarios de los legisladores siempre y cuando tengan la opción de trabajar en el sector privado. “La discusión es válida y no me parece que haya que quitarle valor a este debate”, agregó.
Durante su intervención, el senador opositor rechazó los señalamientos de su supuesta inclusión en la lista de beneficiados con los cupos para gasolina y aseguró que nadie al interior del Centro Democrático recibe este tipo de subsidios o pagos.
La respuesta de los mencionados por Uribe Turbay
De la Calle fue uno de los que más criticó lo expuesto por el derechista. Indicó que de acuerdo con el decreto 1069 de 2018, cuenta con un esquema propio distinto al asignado a congresistas por haber fungido como vicepresidente de la República. “Quiero señalar que esto no es producto de privilegio ni lagarteo, son decisiones del Estado que yo no puedo controvertir”, se defendió el exjefe negociador del gobierno con las antiguas Farc en La Habana.
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Por otra parte, cuestionó los señalamientos contra representantes como Aida Avella, de la Unión Patriótica, cuyo esquema de seguridad fue asignado, según lo explicó De la Calle, para evitar el genocidio contra los integrantes de ese partido durante los años 80 y 90.
Justamente, la congresista preguntó ante el recinto cuántos exfuncionarios del Estado tienen esquemas de seguridad de la UNP y reiteró que el Pacto Histórico iba a votar de manera positiva el proyecto de acto legislativo. Declaración similar fue entregada por Julián Gallo, de Comunes.
Sostuvo que, a diferencia de la mayoría de integrantes del Legislativo, que hacen parte de la colectividad que nació tras la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, tienen esquemas de protección “demasiado robustos” debido a los constantes casos de asesinatos de excombatientes desde 2017. Incluso hizo un llamado a Miguel Uribe a revelar quién filtró a esa información que, según él, es reservada para la protección de los firmantes.
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De acuerdo con lo expuesto en su réplica, la “filtración” de esos datos “pone en riesgo la seguridad del programa”, y reiteró que los excombatientes que hacen parte de su partido “no nos estamos lucrando de bonos o favorecimientos con dinero para la gasolina y los peajes. Ese programa fue creado así porque está claro que quienes firmamos el acuerdo de paz no venimos de esas castas que se han enriquecido”, agregó Gallo.