El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua arremetió, una vez más, en contra del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia por la nota de protesta que emitió ante el cierre de la UCA de Managua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país señaló que no reconoce a su homólogo como autoridad alguna y lo invitó a no entrometerse en sus asuntos con una serie de descalificativos a la situación interna.
El 16 de agosto el Décimo Tribunal Penal de Managua acusó a la UCA de ser “un centro de terrorismo, que organiza grupos criminales”. Se trata de una universidad fundada en 1960 por la Compañía de Jesús y que se convirtió en uno de los centros de pensamiento crítico más importantes del país centroamericano.
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Tras la acusación, las autoridades del régimen de Ortega incautaron lo bienes, muebles, inmuebles y hasta las cuentas bancarias de la institución para dejarlas a nombre del Estado. Los policías también se tomaron la residencia de Villa Carmen, donde viven los padres jesuitas que dirigen la institución pese a que no era parte de las propiedades de la institución y los condenaron a salir.
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El padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, calificó las acusaciones como “totalmente falsas, y sin fundamento alguno”. A través de un comunicado, señaló que no es un hecho aislado, sino que “forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país”.
Nuevo enfrentamiento diplomático
La arremetida del régimen de Ortega en contra de la iglesia católica en Nicaragua y los centros de pensamiento, produjo la condena de la Cancillería colombiana. “Colombia manifiesta su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA que, bajo la administración de la Compañía de Jesús, es una de las principales instituciones educativas de Nicaragua. El Gobierno de Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión”, señalaron.
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La nota de protesta que dirigió el canciller Álvaro Leyva no cayó bien en el régimen de Daniel Ortega, que no tardó en contestar a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, lleno de calificativos en el que básicamente le recomiendan al Gobierno de Gustavo Petro “ver la paja en el ojo propio y no en el ajeno”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Soberana de Nicaragua, fiel a su Política de No Injerencia en los Asuntos Internos de otros Pueblos, Estados y Gobiernos, rechaza categóricamente la posición intervencionista, que nada tiene de Fraternidad Nuestroamericana, expresada con insolencia e ignorancia vulgar sobre la corrección en el manejo de los asuntos entre los Estados, por la Cancillería Colombiana”, dice el comunicado.
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En el documento señalan que “el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Soberana de Nicaragua no reconoce al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia como Autoridad alguna” y reiteran que sus asuntos internos no le conciernen al país caribeño.
“El servilismo, repetimos, o la servidumbre de esclavos frente a los Amos Imperiales, no encubre los propios males, la desintegración social, la narco-política, la corrupción crónica, el engaño, el desfalco, la estafa, y el imperdonable despilfarro de la Confianza y las Esperanzas de un Pueblo”, señaló el ministro Denis Moncada.
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El canciller León Fredy Muñoz, que participó en una celebración sandinista que le causó el regaño del canciller, no se ha pronunciado al respecto. Ambos países mantienen unas relaciones complicadas por el conflicto marítimo que concluyó en una de sus decisiones a favor de Colombia y por las contradicciones políticas entre Petro y Ortega.
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