Sobre las 6:17 p. m. del 19 de agosto se conoció que en enfrentamientos que sostiene el Clan del Golfo y unidades del Ejército Nacional en la vereda Montefrío del municipio de Segovia (Antioquia) el cabo tercero Dubán Felipe Astaiza Zambrano fue asesinado, que estaba como agregado en unidad de la Séptima División.
De acuerdo con información del Ejército, las tropas fueron atacadas mientras cumplían la misión de garantizar la seguridad de los habitantes de la vereda Arenales y Rancho Quemado, que han sido víctimas de desplazamientos forzados.
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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechazó el asesinato y en X (antes Twitter), mando un mensaje de solidaridad a la familia del cabo Astaíza Zambrano y pidió que pare la guerra.
El Ejército dispuso de un equipo de acompañamiento interdisciplinar a la familia del cabo Astaíza Zambrano y anunció que interpondrá las denuncias respectivas ante las autoridades competentes y reiteró que no pararán las operaciones militares en el nordeste antioqueño hasta dar con el paradero de los asesinos del uniformado.
El asesinato del cabo Astaíza Zambrano y los tres uniformados que resultaron heridos en el corregimiento de Puerto Rico del municipio de Argelia (Cauca), en medio de una operación de desminado se dan un día después de que se confirmara el secuestro de los soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez Reina en la vereda La Herradura del municipio de Cumbitara al oriente del departamento de Nariño por parte de las disidencias de las Farc.
Plan de choque para atender fenómenos criminales en Nariño, Cauca y Valle del Cauca
El 19 de agosto, en Pasto (Nariño) el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró un consejo de seguridad en el que anunció un plan de choque para atender fenómenos criminales y proteger la vida de los colombianos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en coordinación entre autoridades civiles y uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Durante más de seis horas, el ministro Velásquez junto a los altos mandos de la fuerza pública y los comandantes de la región analizaron acciones para atender el recrudecimiento de la violencia en el sur del país que a la fecha deja cerca de 350 familias desplazadas en municipios como La Llanada y Samaniego.
El gobernador encargado del departamento de Nariño, Darío Alexander Chávez; los representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y de otras instituciones del Estado le expusieron al ministro Velásquez la necesidad de atención a fenómenos como la siembra indiscriminada de minas antipersona en rutas y caminos veredales, reclutamiento ilícitos de menores, aumento en la siembra de cultivos de uso ilícito y disputa de territorios por parte de estructuras del ELN y disidencias de las Farc.
Para atender estos reclamos, el ministro señaló la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades civiles y uniformadas, así como la interacción de los alcaldes con los diferentes estamentos de las fuerzas militares. También dijo que se van a definir acciones concretas para que las comunidades en condición de desplazamiento o confinamiento regresen a sus territorios en tranquilidad.
Finalmente, anunció mayor presencia de la fuerza pública en los territorios afectados por confinamiento o desplazamiento para garantizar el retorno de sus pobladores.