La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció durante el miércoles 2 de agosto los avances correspondientes a resolver la situación jurídica de exmilitares que no tuvieron participación determinante en la comisión de ‘falsos positivos’ entre 2002 y 2008.
De acuerdo con esta sección del tribunal, los casos corresponden a comparecientes que no fueron seleccionados como máximos responsables dentro de las investigaciones hechas por crímenes cometidos en Norte de Santander y la Costa Caribe, que corresponden al macrocaso 03 —asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado—.
En total serán revisados los expedientes de 92 exintegrantes del Ejército Nacional, de los cuales 41 hicieron parte del Batallón de Artillería N.2 La Popa; 51 integraron la unidad de Infantería N.15 ‘General Francisco de Paula Santander’ y la Brigada Móvil 15. Todos ellos participaron en conductas “asociadas al patrón criminal” de acuerdo con un pronunciamiento de la jurisdicción.
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Concretamente, estos casos remitidos a la Sala son de comparecientes que, según las pesquisas, contribuyeron a fingir combates, disparar su armamento bajo la orden de sus mandos, acomodar la escena del crimen, plantar armas o municiones, conducir los vehículos en que eran transportaban las tropas que participaban de las operaciones, prestar sus prendas oficiales para vestir a las personas asesinadas “entre otras conductas que no significaron crear, dirigir, ni realizar acciones que fueron determinantes para el origen, expansión y consolidación de patrones de macrocriminalidad, u omisiones graves para evitarlos”, detalló la JEP.
Los casos analizados y los exmilitares sin grado máximo de responsabilidad
La Sala de Definición encontró que de los 41 comparecientes de La Popa, siete fueron devueltos a la de Reconocimiento al no encontrar máxima responsabilidad en los crímenes extrajudiciales cometidos; 32 casos no los examinó esta sección y sobre los dos casos faltantes se espera una nueva revisión para determinar su complicidad.
Con respecto a los 51 comparecientes de las unidades de Norte de Santander, se determinó que 18 no tuvieron un grado máximo de incidencia, ocho continúan pendientes de una decisión de fondo y sobre los 25 restantes continúan a la espera de una sentencia de fondo. Desde 2017, la Sala de Definición inició la gestión correspondiente al recibimiento de los aportes de verdad de más de 368 integrantes de La Popa por hechos ocurridos entre 2002 y 2005 en Cesar.
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Esto mismo ocurrió con cerca de 264 exintegrantes de la Brigada Móvil 15 y el ‘Francisco de Paula Santander’ por ‘falsos positivos’ perpetrados en 2007 y 2008; así como cerca de 350 antiguos militares adscritos a la Decimosexta Brigada ubicada en Casanare y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad entre 2005 y 2008.
De acuerdo con el tribunal de justicia transicional, a varios de estos comparecientes les concedieron beneficios de libertad condicional debido a sus aportes de verdad incluidos dentro del régimen de condicionalidad. “Respecto a aquellos que no habían presentado sus aportes a la verdad claros, concretos y exhaustivos, sus procesos no podrán avanzar en la JEP”, indicaron en el pronunciamiento.
Una de las recientes decisiones que tomó la jurisdicción sobre ‘falsos positivos’ tuvo que ver, justamente, con los crímenes cometidos por exintegrantes de La Popa. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) anunció un escrito de acusación contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía por su responsabilidad en el asesinato de 72 personas que fueron presentadas como falsas bajas operacionales.
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Bajo ese panorama, podría convertirse en el primer militar de alto rango llamado a juicio por esta jurisdicción en caso de no aceptar los cargos. El director de la UIA también detalló al respecto que los fiscales transicionales determinaron el grado de responsabilidad del ex alto mando dentro de los asesinatos de civiles cometidos en la unidad ubicada en Valledupar.