La Contraloría General alertó que más de 354.000 niños no estarían recibiendo alimentación, después de tres semanas de haber regresado a clases, por parte de la entidad encargada de prestar este servicio, que es el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según el ente de control, el problema radicaría en la falta de planeación de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC).
El ente de control encontró que más de 215.000 estudiantes de las ETC de Caquetá, Cauca, Córdoba, Neiva y Pitalito no han recibido su servicio de alimentación desde que regresaron a clases, pese a que ya tienen asignación presupuestal para ello. Por eso, ha hecho varios llamados de atención para que las Entidades Territoriales cumplan con los principios de planeación estipulados en la normatividad vigente y así se garantice la contratación oportuna del PAE.
En Caquetá, son 37.000 niños afectados por la falta de recursos para la continuación del programa; en Cauca, Córdoba y Pitalito son más de 11.000, 156.000 y 10.000, respectivamente. También en Magdalena, el PAE suspendió su servicio desde el 23 de marzo, afectando a más de 99.000 estudiantes, a pesar de que desde junio ya tiene un contrato adjudicado. Una situación similar se vive en La Guajira, donde hay afectados más de 1.200 estudiantes.
Alexandra Rodríguez, contralora delegada para la Participación Ciudadana, llamó la atención sobre los principios de planeación que se deben abordar para la contratación del PAE, con el fin de que no se suspenda el servicio y se garantice la alimentación de miles de niños durante todo el año académico.
“Las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar”, manifestó la delegada.
En total hay 97 ETC en todo el país, que tienen a cargo la alimentación de seis millones de estudiantes para 2023. La Contraloría les hizo un llamado a todas para que garanticen el servicio a todos estos niños y que para ello dispongan de los recursos necesarios y ejecuten toda la planeación correspondiente.
Crisis alimentaria en Guainía: secretario de Educación es investigado por irregularidades en el PAE Urbano
La Procuraduría General de la Nación (PGN) formuló pliego de cargos sobre el actual secretario de Educación del departamento de Guainía, Bilialdo Tello Toscano, quien habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial al no vigilar un contrato por medio del cual se suministra la ración industrializada del PAE Urbano en el departamento.
Según informó el organismo de control, el funcionario no ejerció su deber de supervisar el contrato 682 de 2021, el cual fue suscrito para entregar un complemento alimentario “bajo la modalidad transitoria”. Se trata de una ración que se suministra para “preparar en casa” y que reciben las instituciones educativas ubicadas en la zona urbana de Inírida (Guainía).
Las omisiones de Tello Toscano habrían ocurrido en 2021, entre el 26 de agosto, que fue la fecha en que la modalidad transitoria fue modificada a “ración industrializada”, y el 02 de noviembre. En ese periodo, el secretario de Educación no exigió que se cumplieran los estándares de calidad de los alimentos entregados.
“Durante la investigación disciplinaria se encontraron deficiencias en la disposición de los productos, variaciones totales de los menús y de las porciones entregadas a los estudiantes”, especificó el organismo de control y vigilancia en un boletín informativo.
Ante las falencias del servicio de alimentación, Tello Toscano, al parecer, no efectuó un trámite de declaratoria de incumplimiento contractual. Por eso, la Procuraduría calificó su conducta como falta gravísima a título de culpa gravísima.
En junio de 2023, la entidad abrió una investigación en contra del secretario de Educación, en la que también incluyó a Laura Daniela Martínez, representante legal del Consorcio Shalom Rural, por irregularidades en la ejecución del PAE en zonas rurales del departamento.
Las personas beneficiarias de este serían las comunidades indígenas, quienes estaban recibiendo dinero en efectivo en vez de la ración de alimentos que les correspondían. Las poblaciones afectadas fueron: Laguna Niñal, Yuri y Caranacoa.
Por su parte, la representante legal de la firma Consorcio Shalom Rural también está siendo investigada por el presunto incumplimiento de una minuta que fue establecida para las comunidades indígenas, ubicadas en cinco zonas donde opera el Consorcio.
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