Cuando se acercan la fecha en el que se realizarán las elecciones regionales que se celebrarán en el territorio nacional, el panorama de la inseguridad y la violencia en el país crece, generando así una complicada situación para quienes aspiran a quedarse con un puesto en la contienda electoral. Las cifras que expuso la Fundación Paz y Reconciliación en su más reciente informe dan una muestra del riesgo al que están expuestos los candidatos.
La entidad, que ha monitoreado los hechos relacionados con violencia política desde el 29 de octubre de 2022, registró 152 víctimas de este delito en los últimos ocho meses. Además, en el periodo preelectoral, que culminará el 29 de julio de 2023, cuando se cierren las inscripciones, ha habido 116 hechos relacionados con esta problemática, entre los que se destacan 26 homicidios.
Entre mayo y julio de 2023 se han registrado seis atentados contra candidatos. Algunos de los aspirantes que han sido asesinados son el precandidato al Concejo de Tuluá Alejandro Forero, el precandidato al Concejo de Tibú Sergio Castro, la precandidata al Concejo del municipio de Calamar Yenifer Córdoba Henao, el concejal de Sucre Gildardo Hoyos, entre otros.
Por otra parte, hay aspirantes a los que han atacado en más de una oportunidad. Este es el caso de José Manga, alcalde de Sitionuevo (Magdalena) y la lideresa Aida Quilcué, que han sido víctimas de atentados y de múltiples amenazas por parte de grupos armados que operan en distintas regiones del territorio nacional.
En su informe, la Fundación Paz y Reconciliación recalcó que hay varios municipios en el país en donde los alcaldes no han podido ejercer sus funciones desde hace semanas a raíz de amenazas que le han enviado las estructuras criminales. La entidad señala directamente a los municipios de Cartagena del Chairá (Caquetá), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Magüí Payán (Nariño) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Así mismo, la fundación alertó sobre la situación que se registra en Chocó, en donde los grupos armados han tomado el control de cuatro municipios cuyos alcaldes han tenido que huir para resguardar su seguridad. Además, la entidad enfatizó en los crímenes cometidos por La Oficina de Tuluá, estructura criminal sindicada de asesinar a un precandidato al Concejo del municipio, así como de atentar contra un aspirante a la alcaldía.
Las cifras reveladas en el tercer informe de cara a las próximas elecciones regionales representan un incremento del 42% en hechos relacionados con violencia comparado con el anterior documento, que data del 29 de octubre de 2022. También aumentó en un 35% el número de víctimas contabilizadas.
Para los pasados comicios legislativos que se celebraron en 2022, la Misión de Observación Electoral registró 581 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, estableciéndose, para ese entonces, como el periodo preelectoral más violento desde hacía más de doce años. De hecho, en comparación con el periodo preelectoral del 2018, antes de las elecciones presidenciales en las que ganó Gustavo Petro, las agresiones incrementaron en un 109 por ciento.
La directora de la Misión de Observación Electoral afirmó en marzo de 2022 que dicho incremento se registró debido a la reaparición del conflicto armado, llevado a cabo por los, entonces nuevos, grupos criminales que quisieron reclamar el espacio que habían dejado las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016.