“Elogio una vez más la determinación del Gobierno de buscar soluciones para responder a estas dinámicas de conflicto en constante evolución, especialmente su énfasis en el diálogo”, así se refirió el secretario General de la ONU, António Guterres, sobre los avances del Gobierno nacional en materia de paz y el cumplimiento del Acuerdo Final con las extintas Farc.
Durante el jueves 6 de julio se conoció el informe trimestral (del 27 de marzo al 26 de junio de 2023) de la Misión de la ONU en Colombia sobre la verificación de la puesta en marcha de los seis puntos pactados en La Habana y las estrategias de la administración del presidente Gustavo Petro para acatarlos.
En ese sentido, Guterres resaltó la aprobación de políticas y legislaciones claves, como el proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y la reforma constitucional que permite la creación de la jurisdicción agraria. También resaltó la prioridad que tiene tanto la política de Paz Total como el Acuerdo Final en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en mayo por el Congreso.
Con respecto a la compra de tierras (otro factor clave de la Reforma Rural Integral-RRI), Guterres reprochó que el Gobierno sigue lejos de la meta de adquirir 500 mil hectáreas en 2023. De estas solamente hay 13.800. Sin embargo, resaltó la formalización de la tenencia de un millón de hectáreas, 118 mil de estas para el campesinado y con tenencia para mujeres campesinas en un 57%.
En el norte de Cauca, mencionó el informe, los conflictos de tierra continúan atizando los enfrentamientos entre terratenientes, campesinado y comunidades afrodescendientes e indígenas. También resaltaron los reclamos de líderes comunitarios a entidades como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para ampliar el nivel de participación en los mecanismos decisorios y de veeduría.
Por otro lado, el documento mencionó los avances del Gobierno actual para implementar el capítulo étnico del Acuerdo Final y la gestión adelantada por Francia Márquez para acoger lo establecido en lo pactado con la antigua guerrilla.
“La Vicepresidencia de la República, a quien se ha encomendado la misión de coordinar las acciones para cumplir las disposiciones relativas a cuestiones étnicas, continúa trabajando en una estrategia para impulsar su implementación, entre otras cosas, priorizando las necesidades de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el marco de la implementación de los Pdet”; así como el acceso a tierras, el desminado humanitario, la sustitución de cultivos ilícitos, explicó el organismo.
Reincorporación y violencia en los territorios
El informe trimestral indicó que el atentado más grave contra comunidades indígenas fue el perpetrado por el Estado Mayor Central de las Farc contra tres niños previamente reclutados a la fuerza en zona fronteriza de Caquetá y Putumayo; recordó que la comunidad murui muina (a la cual pertenecieron) está en peligro de extinción de acuerdo con la Corte Constitucional, y que esta acción violenta condujo a que el presidente Petro levantara el cese al fuego bilateral pactado con esa estructura mediante el decreto 2656 del 31 de diciembre de 2022.
La ONU también celebró el anuncio de un cese al fuego bilateral con el ELN y la continuación de las conversaciones en Caracas (Venezuela).
En sus recomendaciones, el dignatario condenó las amenazas contra los magistrados de la JEP y manifestó su respaldo frente a las investigaciones de ‘falsos positivos’ y las exhumaciones realizadas en Dabeiba (Antioquia).
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