Durante la audiencia de reconocimiento de verdad sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate (falsos positivos) ocurridos en Dabeiba, Antioquia, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ponga a disposición de las víctimas, las versiones voluntarias entregadas por integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército que operó en ese territorio, en especial la del excomandante del ejército, general Mario Montoya Uribe.
Para el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, “es indispensable que las versiones voluntarias de interés para los acreditados en el subcaso Dabeiba como quizás lo sea la del señor Montoya Uribe, sean puestas a disposición de las víctimas, así como que, al momento de evaluar la determinación de los hechos y conductas aplicables a la Cuarta brigada, se consideren e integren los hallazgos del subcaso Dabeiba, para conocer un contexto operacional y macrocriminal mucho más completo”.
El delegado Acosta recordó a los militares que están entregando sus testimonios ante la JEP, que el régimen de condicionalidad que les permite permanecer y acogerse a los tratamientos especiales de la justicia espera de ellos un nivel muy alto de compromisos con las víctimas y la sociedad, y calificó como esperanzador el cambio de actitud que han demostrado, abandonando la lógica de negacionismo, del ocultamiento, por la de presentarse y asumir su responsabilidad.
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“Como Ministerio Público estaré haciendo seguimiento constante, en el marco de las observaciones que surgen después de esta audiencia, frente a lo cual valoraremos si su reconocimiento se corresponde o no con lo exigido por la sala en términos de verdad”, apuntó el delegado Acosta.
Al final de la audiencia, el delegado Acosta pidió a los comparecientes mayor compromiso y precisión con la información entregada para dar con los restos de dos personas desaparecidas que hacen falta por ubicar en este subcaso.
“El hallazgo efectivo de estas personas requiere del mayor compromiso en información por parte de los comparecientes, además del esfuerzo judicial e institucional para que se realicen actividades de búsqueda los cementerios de Ituango y Carepa”, agregó Acosta Aristizábal.
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También solicitó a los magistrados de la JEP que lideran este subcaso, fortalecer el proceso de acreditación de las víctimas para disminuir el subregistro; activar con urgencia la ruta para la toma de muestras de ADN que aún no se hayan realizado, y continuar con las sesiones presenciales hasta llegar a un acuerdo entre las dimensiones de reparación y restauración de los daños ocasionados a la comunidad de Dabeiba.
El proceso en la JEP
Vale recordar que en el proceso de justicia transicional fueron escuchadas más de un centenar de víctimas de crímenes judiciales en Antioquia. A su vez, se reunieron para exponer sus observaciones a los testimonios entregados por el general Montoya y 60 uniformados más de la IV Brigada del Ejército Nacional, involucrada en el asesinato de jóvenes civiles para ser presentados como guerrilleros abatidos en combate.
Del mismo modo, la Procuraduria había expedido un comunicado en febrero de 2023 que decía: “Solicitamos que se tenga en cuenta el impacto práctico que podría tener la expulsión de este compareciente, en esta fase del proceso, en la que otros sub-casos que lo vinculan en roles superiores dentro del fenómeno, siguen en instrucción y en la que las hipótesis de máxima responsabilidad a nivel nacional siguen en ascenso”.
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En el hecho se expusieron más de diez testimonios para distinguir un eventual desconocimiento por parte del general Montoya sobre los hechos, quien siempre mencionó durante las audiencias que nunca ejerció presiones ni habló de “litros de sangre” ni “carrotancados de sangre”. En concordancia, la Procuraduría, sostiene que los testigos en su contra, dicen otra cosa y las presiones por producir “bajas” eran descarnadas y sin contemplación, amenazando a los subalternos con sacarlos del Ejército.