El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales paga una condena de 35 años por la desaparición forzada de cuatro personas durante la retoma del Palacio de Justicia, que en noviembre de 1985 fue asaltado por guerrilleros del M-19. Sobre la extinta guerrilla —que se desmovilizó el 8 de marzo de 1990—, el general retirado aseguró que esta contó con el apoyo de Pablo Escobar y del Cartel de Medellín para tomarse el Palacio de Justicia.
Arias Cabrales también reiteró, en la entrevista con Semana, su inocencia, dijo tener la conciencia tranquila y que siente que fue “el cumplimiento del deber me trajo a estas circunstancias”, pues está convencido de que no cometió ninguna infracción ni emitió orden ilegal a sus subordinados.
“Soy inocente”, insistió el general (r) Arias Cabrales
Sobre la desaparición forzada de cuatro personas, delito por el que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 35 años que le impuso en 2011 el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá y que en 2014 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, el general (r) Arias Cabrales expuso su versión de los hechos e insistió en que es inocente.
El militar aseguró que durante la retoma del Palacio no se desapareció a nadie y que todo fue el incendio del edificio el que imposibilitó que Medicina Legal identificara plenamente a los cadáveres calcinados, que, sumado a ausencia de medios científicos, derivó en que estas personas fueran dadas por desaparecidas:
Para soportar sus afirmaciones, Arias Cabrales recordó que: “Un tribunal especial de instrucción creado por el presidente de la república, el mismo 13 de noviembre de 1985, en sus conclusiones, manifestó que no hubo desaparecidos, sino cadáveres que nunca pudieron ser identificados”
El general también dijo que él terminó siendo un chivo expiatorio y aseguró que en investigaciones posteriores algunas personas que fueron dadas por desaparecidas fueron apareciendo:
Y advirtió que las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia no son solo las personas que murieron allí: “Fuimos todos. El país fue y es una víctima de ese holocausto, el Poder Judicial y las Fuerzas Militares. Nunca se ha reconocido que la fuerza pública, en esas circunstancias, perdió a 11 de sus integrantes que fallecieron y que hubo más de 30 uniformados heridos que quedaron con secuelas. Entonces, fue una tragedia para todo el país y, por lo tanto, como colombianos, nos tenemos que sentir víctimas”