Las autoridades asestaron un contundente golpe contra el tráfico y uso irregular de hidrocarburos al impactar tres redes delictivas que harían parte de un entramado ilegal involucrado en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos. En las labores operativas se logró capturar y judicializar a 14 personas e impactar 101 propiedades de las estructuras avaluados en 1,3 billones de pesos.
Desde la Fiscalía General resaltaron la ofensiva contra la organización señalada de apoderarse del crudo instalando válvulas en el oleoducto Caño Limón – Coveñas, en Tibú (Norte de Santander) además de coordinar el traslado de lo robado en vehículos cisterna. Gracias a la labor del ente acusador se logró capturar a cinco personas entre ellas uno de los contactos importantes de una estructura narcoguerrillera.
De acuerdo con la participación y responsabilidad ejercida fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. Al respecto de alias ‘La Patrona o La Mona’ un juez de control de garantías le imputó los cargos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Los cinco detenidos recibieron medida de aseguramiento en centro penitenciario.
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Entre las ofensivas también fue impactado un grupo conformado por varias empresas que durante tres años habrían usado personerías jurídicas y permisos otorgados por el ministerio de Minas y Energía junto al de Medio ambiente y otras entidades de regulación “para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos”.
La investigación señaló que, al parecer, las empresas tendrían nexos con otras redes delictivas y eran usadas para dar una apariencia de legalidad al combustible que era extraído ilegalmente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y finalmente llevarlo a las costas del Caribe para comercializarlo.
Por estos motivos fueron capturados e imputados: Omar Enrique Morales, quien sería el director financiero de una compañía de petróleos además de ser señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización. También Maira Janeth Medina, representante legal de una empresa que y quien, al parecer, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslados de los combustibles. Finalmente, Catalina Quintero, quien era la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para la comercialización del crudo.
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De igual forma, otras seis personas que harían parte de la organización que expedía documentos falsos, además de estar encargados del almacenamiento y transporte del hidrocarburo extraído del oleoducto, fueron capturados e imputados con los cargos de concierto para delinquir, uso de documento falso; y receptación de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.
Para finalizar la ofensiva fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes de las estructuras ilegales.
Respecto a las propiedades que están en 9 departamentos indicó el ente acusador: “Se trata de 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio” avaluados en 1,3 billones de pesos.
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