Uno de los puntos sensibles del tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue el cese al fuego bilateral, aquel que no se materializó a través del decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022 firmado por el presidente Gustavo Petro.
El acuerdo sobre ese cese logrado en La Habana al finalizar el tercer ciclo de conversaciones fue catalogado como “histórico”, pues es la primera vez que un Gobierno logra una pausa de acciones violentas con esa guerrilla en medio siglo de conflicto.
Ahora, con la firma de la medida, uno de los temas a ahondar será la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, pues en el segundo ciclo (realizado en México) se dejaron las bases sobre este tema abordado en el tercer periodo que terminó el viernes 9 de junio en la capital cubana.
De hecho, el anuncio del cese al fuego le quitó protagonismo al acuerdo firmado entre las partes sobre las medidas para el involucramiento activo de actores sociales y civiles en la mesa de conversaciones.
En principio, estos sectores tienen la posibilidad de presentar a los equipos negociadores sus propuestas para la terminación del conflicto. Al respecto, el documento referido por El Espectador, establece que se pretende construir una agenda de transformaciones para la paz “impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”.
Además, quedó reseñado que otro de los propósitos con ese mecanismo, denominado Comité Nacional de Participación, será desarrollar y fortalecer la democracia “en todas sus formas” y su entrada en vigor será el domingo 23 de julio, previo a la instalación formal del cese al fuego de carácter bilateral y nacional (jueves 3 de agosto).
El Comité Nacional de Participación funcionará como instancia especial y transitoria adherida a la mesa de conversaciones. Tendrá el respaldo de la Conferencia Episcopal de Colombia y la comunidad internacional y 80 representantes de 30 organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, académicas, étnicas y raizales, postularán sus propuestas para el fin del conflicto que sería el último punto para discutir en el proceso de paz.
En ese orden, colectivos y entidades como la Convención Nacional Campesina, Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, Fecode, Unión Sindical Obrera, Asociación Nacional de Trabajadores Independientes, Consejo Nacional de Juventud, Red Nacional de Mujeres, Bogotá y Cali Primera Línea, Movimiento Nacional Carcelario, Mesa Nacional por la participación de Víctimas y el Consejo Gremial Nacional expondrán sus voces desde el cuarto ciclo que se llevará a cabo en Caracas (Venezuela) desde el 14 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2023.
El comité además se encargará de recibir las propuestas de la sociedad civil, sistematizarlas y construir las fases de participación dentro de la mesa. Sobre esto, el documento precisó ocho encuentros, pero aún no se determina en qué regiones se realizarán.
La primera fase del mecanismo será de diseño, en tanto que la segunda se centrará en adelantar un diálogo entre los actores sociales convocados para identificar “y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales”. El tramo final será trazar la viabilidad de los consensos logrados que vayan en sintonía con las apuestas de paz en los territorios que acuerden el Gobierno nacional y el ELN.
Mientras tanto, se le hará veeduría al cumplimiento del cese al fuego a través del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MVM) integrado por la Iglesia católica, Naciones Unidas, los países garantes y actores sociales.
De igual manera, fueron pactados 12 compromisos entre las partes para su cumplimiento; entre ellas, se encuentran no realizar acciones catalogadas como prohibidas por el derecho internacional humanitario (DIH) y tampoco realizar acciones ofensivas de ningún tipo entre las Fuerzas Militares y de Policía, y las estructuras del ELN.
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