El Senado del República ya tiene lista la ponencia para el primer debate con el que se busca acabar con las bandas criminales y los narcocarteles en Colombia. Coincidencialmente o no, este viernes también inician los diálogos entre el Gobierno Nacional y los cabecillas de los combos y grupos delincuenciales en Medellín en la cárcel de Itagüí.
El senador Ariel Ávila, perteneciente a la Alianza Verde y una de las principales fichas que tiene el gobierno para sacar adelante este proyecto, fue quien presentó la ponencia para el primer debate del proyecto de ley de sometimiento que entrará en discusión la próxima semana.
El texto que contiene 93 páginas y tuvo ajustes en 20 de los 63 artículos y el documento final que los voceros de la Casa de Nariño, será presentado oficialmente a los cabecillas de las bandas el próximo viernes 2 de junio en la instalación de la mesa de diálogo con las bandas delincuenciales de Medellín. Por su parte, en el Congreso de la República este mismo texto se estará analizando con lupa para negociar con todos los grupos al margen de la ley.
El Gobierno llama a este documento “sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas” y tiene como principales actores a las bandas conocidas como el grupo Niquía Camacol, que comanda Juan 23 (detenido por la justicia), La Unión, de alias El Ronco, otro que también está en prisión.
Algunos de los puntos que generan polémica son el que está relacionado con la condena que pagarían los autores de los crímenes y también el que tiene que ver con el dinero con el que estos quedarían después de pagar su condena, ya que los dejaría con buena parte del dinero recibido por los delitos cometidos por estas bandas.
Otros grupos que se verían beneficiados con la ley de sometimiento serían el Clan del Golfo, La Oficina, Los Pachelly que podrían negociar con el gobierno a través del diálogo como grupos al margen de la ley y este proceso terminaría con la firma de actas individuales se sujeción y sometimiento a la justicia.
Este proyecto también propone que los grupos que se sometan pagarían entre 6 y 8 años de condena, que sería un periodo corto si se compara con las condenas actuales que estarían por encima de los 30 años, y con esta se aspiraría a tener una libertad provisional condicionada de 18 meses, pero que sería efectiva una vez se firme su promesa de reinsertarse a la vida civil.
Además, quienes apenas se presenten a la justicia o estén sindicados por delitos menores, como porte ilegal de armas o concierto para delinquir, tendrán la posibilidad de obtener su libertad condicionada pagando únicamente 6 meses de cárcel.
Un punto que seguramente causará controversia será en el que los integrantes de las bandas, podrán quedarse con el 6% de las ganancias que surgieron de los negocios ilícitos, sin embargo, esta participación no puede superar los 10 mil salarios mínimos, es decir, que no se sobrepasaría el límite de los $11 mil millones de pesos.
Aunque los abogados de estas bandas aseguran que este monto es muy corto y que sus cabecillas no se encuentran contentos con este punto. Pero esta cantidad de dinero sería comparable con el salario recibido por 10 mil colombianos que ganan el mínimo por trabajar durante un mes.
Otro apartado de este proyecto busca que los menores de edad que hayan sido reclutados por estos grupos, se considerarían “como víctimas de la estructura”, además, se consideraría como víctima también a aquellos integrantes que hayan sido reclutados antes de haber cumplido los 18 años, pero que en la actualidad son adultos, y se aclara que la sanción dependerá del rol que este tenga en la banda criminal.